Diversas organizaciones defensoras de derechos civiles denunciaron la medida como un ataque a la democracia.
La ACLU de Florida lamentó que la ley busca concentrar el poder en manos de políticos y grandes intereses económicos, debilitando la capacidad del pueblo para impulsar reformas históricas como el aumento del salario mínimo, la restauración de derechos electorales y la protección ambiental.
"El pueblo de Florida merece un gobierno que no le tema a sus votantes", declaró Bacardi Jackson, directora ejecutiva de ACLU de Florida. "Esta ley representa una manipulación descarada de las reglas para proteger el poder de unos pocos y silenciar al electorado".
Kara Gross, directora legislativa de la misma organización, señaló que la ley, la HB 1205, vulnera la Constitución estatal, que garantiza el derecho ciudadano a proponer enmiendas. "Florida ya tiene uno de los procesos más restrictivos del país. Esta ley lo vuelve casi inalcanzable".
"Es un ataque directo a los votantes y a sus derechos constitucionales", expresó Jonathan Webber, director de políticas del Southern Poverty Law Center (SPLC).
"Los políticos en Tallahassee están consolidando su poder mientras silencian a las familias trabajadoras y a los activistas de base. El gobernador DeSantis debe vetar esta legislación cuanto antes".
Ambas organizaciones coincidieron en que esta ley representa una amenaza al equilibrio democrático y a la participación ciudadana. Ahora, la presión recae sobre el gobernador, el republicano DeSantis, a quien piden rechazar el proyecto y defender el derecho del pueblo a decidir sobre su propia Constitución.