El escrito del procurador general de EE.UU., John Sauer, acusa a la jueza en cuestión de abusar de su autoridad, un argumento que la Administración del presidente Trump está enarbolando en varios procesos para cancelar los bloqueos con los que se han topado en los tribunales sus medidas más polémicas.
Según Sauer, la orden emitida el pasado 20 de marzo por la magistrada federal Ellen Hollander, del Tribunal de Distrito de Maryland, "inflige un daño continuo e irreparable a las urgentes prioridades federales y obstaculiza las funciones del poder Ejecutivo".
En línea con los cuestionamientos de las resoluciones judiciales del actual Gobierno estadounidense, Sauer considera que la orden temporal de Hollander es "una historia ya conocida" y que implica a un tribunal emitiendo "una medida cautelar de amplio alcance sin la autoridad legal para hacerlo".
La orden de Hollander está relacionada con la concesión a diez personas afiliadas al DOGE de acceso sin restricciones a registros de millones de estadounidenses en la Seguridad Social.
La información contenida en esos registros incluye números de la Seguridad Social, historial médico y de salud mental personal, información fiscal y del permiso de conducir, datos de cuentas bancarias, historial de ingresos, domicilios particulares y laborales, registros de nacimiento y matrimonio y de inmigración y/o naturalización, entre otros.
Los demandantes fueron la Federación Estadounidense de Profesores (AFT, por sus siglas en inglés), la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFL-CIO) y la Alianza para Jubilados Estadounidenses (ARA) que consideraron que se concedió acceso a toda esa información sensible a personal sin preparación para la gestión de dichos datos privados.