El Gobierno de Donald Trump se ha apoyado en esta y otras interacciones que Ábrego ha tenido con las autoridades para justificar su decisión de haberlo enviado a una megacárcel en El Salvador, a pesar de que el Supremo ordenó "facilitar" su regreso.
En el vídeo, se ve cómo las autoridades de Tennessee pararon a Ábrego en la carretera en 2022 por estar manejando por encima del límite de velocidad. Al revisar el vehículo, los policías notaron que el carro llevaba ocho personas y sospecharon que estaba transportando migrantes indocumentados.
"Él es el único que habla inglés", le dice un oficial de policía a otro en el vídeo, "le están pagando por eso". Cuando los agentes buscaron el nombre de Ábrego en una base de datos, les alertó de contactar a las autoridades federales.
Tres años antes de este encuentro, en 2019, las autoridades en Maryland -el estado donde residía Ábrego- lo habían vinculado con la pandilla salvadoreña MS-13, pero nunca se presentaron pruebas concluyentes.
Eventualmente, los federales instruyeron a la policía en Teennessee a dejar ir a Ábrego, y le dieron nada más una advertencia por manejar con una licencia de conducir vencida.
La Casa Blanca ha emprendido una campaña en contra de Ábrego y ha publicado decenas de documentos de los encuentros que el migrante ha tenido con las autoridades, incluyendo también dos solicitudes de orden de restricción por parte de su esposa y un arresto de 2019 en Maryland.
El salvadoreño, sin embargo, nunca ha sido acusado formalmente o condenado por un crimen y un juez le concedió en 2019 protección contra la deportación, después de que él pidiera asilo, testificando que temía volver a El Salvador por extorsiones a él y su familia.
Su abogado, Simón Sandoval Mohsenberg, acusó al Gobierno de querer dañar la imagen de Ábrego y aseguró que los hechos que han salido a la luz "no tienen que ver con el caso".
"Por eso no lo han sometido como evidencia", explicó el abogado a EFE y agregó que la única voz que EE.UU. no ha escuchado es la de Ábrego.
"Necesitan traerlo aquí y llevarlo a juicio; allí pueden presentar toda esa evidencia en la corte y él va a tener la oportunidad de contestar con su propia voz", añadió Sandoval.
Ábrego es uno de los más de 200 migrantes que Trump decidió enviar al CECOT, como parte de un acuerdo con el presidente Nayib Bukele para retener a los hombres por un periodo de un año a cambio de un pago de 6 millones de dólares.
Organizaciones en defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado la expulsión de migrantes al país centroamericano, acusando al Gobierno de estar sometiendo a las personas a "desaparición forzosa".
A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera a finales de mayo un fallo instruyendo al Gobierno a "facilitar" el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.