El ataque se produjo durante un operativo militar contra la minería ilegal de oro en la cuenca alta del río Punino, un enclave situado entre las amazónicas provincias de Napo y Orellana, donde ha proliferado en los últimos años esta actividad ilícita que ahora buscan controlar bandas del crimen organizado.
Un grupo de los militares que participaban en la operación fue emboscado y atacado con explosivos, granadas y fusiles, en una acción donde también resultó muerto uno de los miembros del grupo armado, según informó el Ejército ecuatoriano en un comunicado.
Los militares fallecidos son los tenientes José Luis Iza y Jorge Andrade; el sargento segundo Héctor Mullo; el cabo primero Walter Andrango; los cabos segundos Diego Lomas, Víctor Vera, Anthony González, Danilo Caiza, Jefferson Alvarado y Georvi Vega; además del soldado Marlon Guamushig.
"Nos solidarizamos con el pueblo ecuatoriano en este momento de duelo y apoyamos al Ecuador en la lucha colectiva contra el crimen organizado. Que estos valientes soldados ecuatorianos descansen en paz", manifestó en un mensaje en las redes sociales la Embajada estadounidense en Quito.
Por su parte, el Ministerio de Gobierno de Ecuador manifestó en un comunicado su pesar y consternación por la pérdida de estos once militares y advirtió que "el Estado ecuatoriano no tolerará que grupos vinculados al 'narcoterrorismo' y la minería ilegal sigan atentando contra la institucionalidad y la paz ciudadana".
El Ejecutivo ecuatoriano reiteró que "el sacrificio de estos valientes soldados no será en vano, su legado impulsa a redoblar esfuerzos".
Otras instituciones estatales también se han sumado a las muestras de dolor por este atentado que ocurre en el marco del estado de 'conflicto armado interno' decretado en el país desde 2024 contra el crimen organizado por el presidente, Daniel Noboa, para contrarrestar la escalada de violencia que ha puesto al país a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.
Para ello, ha dictado una serie de sucesivos estados de excepción donde ha movilizado a las Fuerzas Armadas para participar con la Policía en operaciones conjuntas contra las estructuras criminales y para que tengan el control de las cárceles, unos de los epicentros de la crisis al estar dominadas por estos grupos, catalogados como terroristas por el Gobierno.
En los últimos años, estas bandas criminales dedicadas tradicionalmente al narcotráfico también han incursionado en otros negocios ilícitos como el de la extracción ilegal de oro, una actividad muy lucrativa al tenor de los máximos históricos que registra actualmente el precio de este metal.