Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado peruano, entre ellos el presidente, y deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada antes de continuar con el proceso.
El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales presentó esta denuncia constitucional ante el Congreso contra Castillo como presunto autor del delito de peculado de uso en agravio del Estado.
"A José Pedro Castillo Terrones se le atribuye el uso indebido de un avión del Ejército del Perú para desplazarse con su hijo A.C.P. a la ciudad de Chiclayo el 7 de mayo de 2022, y retornar el 9 de mayo de 2022, pese a no tener ninguna actividad oficial en la citada ciudad en las fechas antes mencionadas", indicó la Fiscalía en la red social X.
Asimismo, le señalan por haber usado indebidamente un helicóptero del Ejército para trasladar a sus familiares al distrito de Llama, en su natal región de Cajamarca, el 24 de junio de 2022, pese a que no estuvieron registrados en el documento denominado Comitiva Oficial Chiclayo-Llama-Chota.
En agosto de 2024, el Ministerio Público ya presentó una denuncia contra Castillo por este caso, en la que indica que, en octubre de 2021, presuntamente utilizó un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y de helicópteros del Ejército para trasladarse desde Lima a la localidad de San Luis de Puña, junto a 10 familiares para acudir al cumpleaños de una de sus hermanas.
Castillo se encuentra en el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva por su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022 y también por la supuesta comisión de varios delitos de corrupción durante su Gobierno.
Desde el 4 de marzo de 2025, se desarrolla el juicio oral en su contra por presuntamente haber cometido el delito de rebelión y otros tras haber intentado dar el golpe de Estado, y por el que la Fiscalía pide 34 años de cárcel.