En una declaración, ese movimiento opositor nicaragüense desde el exilio indicó que "se suma a la petición realizada a la administración del presidente Donald Trump por la congresista republicana María Elvira Salazar, quien realiza esfuerzos por encontrar una solución para los exiliados nicaragüenses y de otras nacionalidades que han buscado refugio en los Estados Unidos y ahora enfrentan una inminente deportación por las nuevas políticas migratorias".
La concertación, un grupo integrado por opositores desnacionalizados, entre otros, solicitó al presidente Trump y su administración "su intervención en un asunto de gran urgencia y sensibilidad humanitaria: proteger a los exiliados nicaragüenses que han buscado refugio en los Estados Unidos bajo el estatus de parole humanitario y otras vías legales".
"Reconocemos que Estados Unidos es una nación comprometida con los derechos humanos y un bastión de esperanza para quienes huyen de la persecución y la violencia", agregó.
Ese movimiento opositor alegó que la "dictadura" de los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, "es señalada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de cometer crímenes de lesa humanidad, incluidos torturas sistemáticas, persecución política y represión extrema contra disidentes".
"El propio Departamento de Estado de Estados Unidos ha reconocido la gravedad de la situación de Nicaragua", anotó.
Ante el "grave peligro" que enfrentan los nicaragüenses expuestos a la deportación, la concertación solicitó "respetuosamente al Departamento de Estado explorar opciones que aseguren la protección de estos exiliados, incluyendo la Salida Forzosa Diferida (DED), como lo ha propuesto la congresista de la Florida, María Elvira Salazar".
"Sabemos que la suspensión temporal de las deportaciones aliviaría el sufrimiento de muchos nicaragüenses que desean regresar a su país, pero deben esperar a que se instaure la democracia y exista un Estado de derecho que les permitan un regreso seguro", concluyó ese grupo.
El viernes pasado, la Corte Suprema de EE.UU. permitió al Gobierno de Donald Trump poner fin a la protección legal temporal para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, llamado 'parole humanitario', que beneficia a más de medio millón de personas.
El 'parole humanitario' fue creado bajo el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), y permitía a los nacionales de ciertos países residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, siempre y cuando gozaran del patrocinio de un residente legal en Estados Unidos.
Según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional, unas 110.000 personas de Cuba, 210.000 de Haití, 93.000 de Nicaragua y 117.000 de Venezuela accedieron a EE.UU. bajo este programa.
Muchos de los beneficiarios habían huido de la violencia en sus países de origen, por lo que la suspensión del programa migratorio les fuerza a regresar o a quedarse en Estados Unidos al acecho de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para su deportación.