Tras conocer esta tercera fase para impulsar reformas en materia de trabajo justo, Iain Byrne, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, afirmó que este anuncio "reconoce la necesidad de reformas laborales para los trabajadores migrantes en Arabia Saudí".
Sin embargo, apuntó que "aún no está claro cuán integral será este programa ni qué impacto tendrá en los derechos, la salud y los medios de vida de millones de trabajadores que dependen de que esto sea mucho más que una fachada".
AI remarcó que los grupos de derechos humanos y los sindicatos llevan mucho tiempo exigiendo una reforma laboral seria y de gran alcance que ponga fin a la grave explotación de los trabajadores migrantes en Arabia Saudí.
"El hecho de que los sindicatos internacionales presentaran una queja formal contra el país ante la OIT el mismo día de la firma de este acuerdo demuestra claramente el gran esfuerzo que Arabia Saudí aún debe hacer para proteger los derechos de los trabajadores migrantes en el país", remarcó.
Byrne agregó que para que este programa sea verdaderamente transformador para los trabajadores migrantes, debe, entre otras cosas, "abordar por completo las características fundamentales del abusivo sistema de kafala, que deja a los trabajadores en una situación de total dependencia de sus empleadores".
Entre otros puntos, AI consideró que también debe abordar las severas limitaciones a las libertades de expresión y asociación en el país, junto con la falta de acceso a las ONG y los sindicatos, que impiden la supervisión independiente de la implementación de cualquier acuerdo laboral, "lo que socava aún más su credibilidad y eficacia".
"Instamos a las autoridades saudíes y a la OIT a que hagan públicos todos los aspectos de esta cooperación y permitan un seguimiento independiente de su implementación", reclamó.
Además, reiteró que para garantizar adecuadamente los derechos de los 13,4 millones de trabajadores migrantes del país, este acuerdo debe conducir a una reforma integral del sistema laboral actual y a poner fin a la impunidad imperante.
Amnistía estima que hay 10 millones de trabajadores migrantes en el país árabe y denuncia reiteradamente "el abusivo sistema kafala", por el que dependen de su empleador, quien se responsabiliza del visado y permiso de residencia; situación que deja al trabajador a su merced, por lo que organizaciones de derechos humanos como Amnistía lo han denunciado como un régimen de trabajo esclavo.