“Para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para Juan López y su familia, la Oficina llama al Estado a impulsar los procesos de investigación relacionados con su asesinato, vinculándolos con los actos de corrupción pública y privada que él denunció, relacionados con los daños ambientales y la explotación ilegal de recursos naturales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía”, indicó la Oacnudh en un comunicado.
Juan López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024, a pesar de que contaba con medidas cautelares otorgadas tanto por instancias nacionales como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El ambientalista también era concejal de la Alcaldía de Tocoa y estaba ligado a la pastoral católica. Se oponía al cuestionado proyecto minero-energético Pinares Ecotek aduciendo que está situado en una zona protegida y afectará los ríos Guapinol y San Pedro.
La OACNUDH también solicitó al Estado hondureño implementar el Decreto 18-2024, una herramienta clave para la “reparación efectiva de los daños ambientales y a los derechos humanos de Juan López, su familia y la comunidad”.
El caso de Juan López demuestra que “los daños ambientales no solo afectan los derechos humanos, sino que también pueden estar profundamente ligados a las causas y consecuencias de la violencia”, enfatizó.
Por ello, añadió la Oficina, es fundamental “abordar las estructuras de poder y las desigualdades históricas que han contribuido a su origen”.
"Su legado sigue vivo", concluyó el comunicado de la Oacnudh.