La petición, presentada por el equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú, será revisada por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Víctor Alcocer, señaló este martes la Corte Superior Nacional en la red social X.
Alcocer decidirá sobre el requerimiento en el juicio oral contra Vizcarra por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor, agregó la información.
La solicitud fue hecha por la Fiscalía ante el próximo vencimiento del impedimento de salida del país impuesto al exgobernante mientras afronta una petición de 15 años de cárcel.
El juicio oral comenzó el 28 de octubre del año pasado por los casos del proyecto de irrigación 'Lomas de Ilo' y el concurso público para la ampliación del hospital de Moquegua, por los que Vizcarra es acusado de haber recibido unos 2,3 millones de soles (unos 611.000 dólares).
La Fiscalía ha pedido que por el caso 'Lomas de Ilo' se le impongan 6 años de prisión y por la licitación del hospital, otros 9 años de cárcel.
También solicitó que sea inhabilitado durante 9 años para ejercer cualquier cargo público.
"El Ministerio Público ha considerado que existe un concurso real de hechos punibles y se deben sumar las penas, por lo que solicita por ambos delitos la pena de 15 años de pena privativa de la libertad", remarcó el fiscal Germán Juárez cuando comenzó el juicio.
Vizcarra ha negado repetidas veces la acusación fiscal, que consideró "totalmente sin base, sin fundamento", y afirmó que todos sus actos como autoridad "han sido honestos, completamente".
Sin embargo, el exministro José Hernández declaró el pasado 10 de diciembre ante el tribunal que el exmandatario solicitó un soborno de 1,3 millones de soles (350.000 dólares o 329.000 euros) para adjudicar la construcción del hospital cuando fue gobernador de Moquegua.
Hernández declaró en su calidad de colaborador de la Fiscalía y después de haber sido gerente de una empresa encargada de supervisar las obras adjudicadas por el gobierno regional de Moquegua, el departamento natal del exmandatario.
Tras ese testimonio, el ex jefe de Estado aseguró que las acusaciones en su contra se basan únicamente en testimonios que buscan beneficios personales para reducir sus eventuales condenas.
Sostuvo, además, que ha sufrido las represalias de las empresas vinculadas al Club de la Construcción, una red de corrupción para adjudicarse obras públicas de infraestructura, después de haberlas denunciado cuando fue ministro de Transportes en 2016, durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).