La medida fue anunciada por el presidente de la JNJ, Gino Ríos, en un video publicado en las redes sociales del organismo, en el que confirmó la información de que se ha solicitado la intervención de la Policía en este caso.
Ríos, quien apareció acompañado por cinco de los otros seis integrantes de la JNJ, aseguró que la orden de reponer a Benavides, quien está siendo investigada por presuntos actos de corrupción, "no constituye un nuevo nombramiento" como fiscal general, ya que esa es una prerrogativa que solo le compete a la Junta de Fiscales Supremos (JFS).
Aunque la JFS ha ratificado a Espinoza en su cargo, el presidenta de la JNJ agregó que lamenta que la actual fiscal esté cometiendo una "grave afectación al orden jurídico" al no haber acatado su resolución.
"Los funcionarios públicos están obligados a cumplir las decisiones emitidas por los órganos competentes mientras no sean legalmente revocadas", sostuvo.
Tras conocerse esta declaración, el abogado de Espinoza, Luciano López, aseguró que la Policía no puede intervenir en este caso, porque se trata de una decisión administrativa tomada por la JNJ, y aún hay consultas y trámites pendientes de resolver presentados por la actual fiscal general y la Junta de Fiscales Supremos.
"La actuación del señor Ríos es por demás irregular, y la Policía Nacional va a tener que asumir las responsabilidades legales de un delito hasta flagrante, me da la impresión, porque no es una autoridad judicial, y hay trámites administrativos pendientes", declaró López en el programa periodístico Vértice.
Uno de los abogados de Benavides, Jorge del Castillo, dijo, por su parte, que van "a evaluar" el pronunciamiento de la JNJ y luego darán a conocer "en qué momento" acudirán a la sede del Ministerio Público para intentar retomar el cargo.
Tras indicar que "lo ideal sería que la propia doctora Espinoza" convoque a Benavides para cumplir con la resolución de la JNJ, sostuvo que "no quisiera ver a la Policía interviniendo, pero las normas se tienen que cumplir".
La JNJ emitió su declaración en medio de la crisis que afronta el Ministerio Público peruano desde la semana pasada, cuando se conoció su resolución favorable a Benavides, que escaló este lunes cuando exigió el cumplimiento inmediato "bajo apercibimiento" de que podía solicitar "la fuerza pública en caso de incumplimiento".
Ante esta orden, Espinoza advirtió este martes que cualquier intervención de la Policía Nacional en el Ministerio Público sería "ilegal, ilegítima y quebrantaría el orden constitucional e institucional".
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado León Velasco, también evaluó este martes una petición de Espinoza para que Benavides sea suspendida por 36 meses por estar investigada en un caso de presunta obstrucción a la Justicia cuando era fiscal general.
Tras escuchar a las partes procesales, el juez señaló que tendrá que evaluar una gran cantidad de documentación, pero ofreció dar su fallo en el plazo más corto posible, sin fijar una fecha.
Benavides es investigada por la presunta comisión de delitos de corrupción, por los que fue destituida en diciembre 2024 y hace una semana, tras la polémica resolución de la JN, intentó asumir nuevamente el cargo, sin conseguirlo.
Tras estos hechos, fue denunciada por Espinoza por presunta usurpación de función pública, además de acusar un intento de golpe de Estado en el Ministerio Público.