"Es bastante paradójico que hoy esté autorizada la manifestación de la ultraderecha, que tiene como objetivo atacar una manifestación pacífica, como va a ser el Pride (Orgullo) de hoy", denunció Iratxe García, presidenta del grupo de los Socialdemócratas (S&D), en una declaraciones a la prensa en la capital húngara.
Mientras que el Gobierno del primer ministro ultraderechista Viktor Orbán mantiene su veto oficial a la marcha, la policía ha autorizado una manifestación paralela en parte del mismo itinerario del partido de extrema derecha 'Mi Hazánk', que ha anunciado su intención de protestar contra el desfile.
García, que forma parte de la delegación de unos 70 eurodiputados en Budapest, subrayó que la Marcha del Orgullo es un acto de reivindicación "pacífico, tranquilo y responsable", y expresó su deseo de que no sea necesaria la intervención de la policía.
"Sabemos lo que tenemos que hacer: defender los derechos humanos, defender al colectivo LGTBI", afirmó, al tiempo que destacó la importancia de la presencia de representantes políticos europeos para reforzar la seguridad de quienes acudan a manifestarse.
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Garcia también participó en una rueda de prensa junto a la presidenta del grupo liberal Renew Europe, Valérie Hayer, la copresidenta de los Verde, Terry Reintke, y la colider de la Izquierda, Manon Aubry, en las que se criticó la deriva autoritaria de Orbán.
La contradicción de vetar la Marcha del Orgullo y permitir la protesta extremista fue también fue mencionada por liberales, verdes y la Izquierda.
"Esta marcha no es ilegal, lo que es ilegal es la prohibición de la marcha", resumió la líder verde Terry Reintke.
Las políticas criticaron que la decisión de vetar la marcha no solo vulnera derechos fundamentales, sino que, al permitir la contramanifestación ultra, pone en riesgo la seguridad de una movilización pacífica y legítima.
Pese al veto gubernamental, el desfile podrá llevarse a cabo gracias a que el alcalde ecologista de Budapest, Gergely Karácsony, lo ha declarado como un evento municipal, lo que exime a los organizadores de solicitar permisos a las autoridades nacionales.
Sin embargo, el Ejecutivo considera la manifestación ilegal y ha advertido de posibles multas de hasta 200.000 forintos (unos 500 euros) para los participantes.
Orbán ha llegado a afirmar que tomar parte en la marcha podría constituir un delito.
Karácsony ha pedido a las fuerzas del orden que eviten cualquier enfrentamiento esta tarde.