"¡Fin a represión!", corean los manifestantes, alguno de los cuales portan banderas de Georgia y la Unión Europa.
Según el Código Penal de Georgia, la incomparecencia ante una comisión parlamentaria de investigación se castiga con hasta un año de prisión.
La oposición georgiana no reconoce los resultados de las elecciones legislativas celebradas en octubre del año pasado, por lo que niega toda legitimidad a la comisión parlamentaria, a la que considera un "instrumento de persecución política".
La comisión fue creada a iniciativa de Sueño Georgiano, el partido en el poder, para investigar la gestión de las anteriores autoridades gubernamentales, actualmente en la oposición.
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Varios dirigentes opositores se encuentran en prisión preventiva a la espera de los dictámenes judiciales por negarse a cooperar con la comisión parlamentaria, entre ellos el exministro de Defensa Irakli Okruashvili, el exministro de Justicia Nikoloz Gvaramia y el exdiputado Nikanor Melia.
El Gobierno de Georgia, país candidato a entrar a la Unión Europea desde 2023, pidió el año pasado a los Veintisiete aplazar hasta 2028 el comienzo de las negociaciones para la adhesión.
Esta decisión gubernamental provocó una ola de protestas de la oposición europeísta que se prolonga ya varios meses y que ha dejado heridos a más de 500 manifestantes y 170 policías.