"Gracias a Dios que mi hijo salió en libertad (…) agradecerle al juez del Juzgado de Paz por haberlo dejado en libertad", manifestó Bennedetto.
El joven fue detenido por supuesta estafa, según transcendió en medios locales.
La detención fue rechazada por organizaciones salvadoreñas de derechos humanos que lo atribuyeron a la "persecución estatal" que "actualmente viven defensores y voces críticas del gobierno del presidente Nayib Bukele".
El padre del joven trabajó en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y "acompañó procesos de defensa de derechos humanos en zonas rurales" del oriental departamento de La Unión, de acuerdo con información de medios locales.
Además, en febrero pasado participó como miembro de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) en una gira ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales que ocurren en El Salvador.
"Yo sé que a mí ya me buscaron por todos lados. No tengo antecedentes policiales, no tengo antecedentes penales, no le debo nada a la Corte de Cuentas, no le debo al Ministerio de Hacienda", señaló Bennedetto el pasado 27 de junio en una rueda de prensa en la que denunció el caso de su hijo.
La organización internacional Amnistía Internacional (AI) apuntó este martes en un comunicado publicado en su sitio web que "con el inicio del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, El Salvador ha experimentado un alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil".
Amnistía Internacional y organizaciones locales de derechos humanos han advertido de manera reiterada sobre "la situación volátil y el aumento de los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y las voces críticas, dadas las prácticas autoritarias del presidente Bukele y la instrumentalización del régimen de excepción para criminalizarlas".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifestó el pasado 6 de junio su preocupación por las “detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos”.
La CIDH hizo referencia a las detenciones de la abogada anticorrupción Ruth López -una de las voces más críticas del gobierno de Bukele-, del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, del pastor evangélico y líder comunitario José Ángel Pérez, y de Fidel Zavala, portavoz de una organización humanitaria.