Mulino se refirió al asunto en el informe que presentó sobre su primer año de mandato ante la Asamblea Nacional (Parlamento) al señalar que las protestas contra las reformas de la Caja de Seguro Social (CSS) son parte de la "oleada negativa" que ha enfrentado por impulsar cambios en el país.
"Enfrentamos una oleada negativa proveniente de quienes no quieren soltar el caramelo. Los cambios no les convienen, porque amenazan su cuota de poder y privilegios. Así ha funcionado esto y ha funcionado por años", afirmó Mulino.
Pero aseguró que hay que "distinguir entre el desacuerdo y las viles mentiras que, en algunos casos, provienen de figuras con trayectoria cuestionada en distintos ámbitos, y que hoy se presentan como voces de autoridad en cada programa dominguero".
Incluso apuntó, sin mencionar nombres, que hubo el caso de "líderes sindicales y políticos que fueron más allá. Saltaron la cerca y pasaron a la acción con violencia".
"Son tan temerarios que aprovecharon la difícil pero inaplazable reforma de la CSS, para intentar desestabilizar al gobierno con movilizaciones disfrazadas de reclamos sociales", resaltó.
Estas protestas -que se repitieron hoy de manera pacífica en el exterior del Parlamento- han sido una de las principales crisis que ha afrontado la Administración de Mulino, que asumió el poder el 1 de julio de 2024, y el presidente considera que fueron promovidas con intenciones políticas para desestabilizar su Gobierno.
"Manipularon y tergiversaron información"
Añadió que en esas movilizaciones "manipularon y tergiversaron la información, y desean continuar haciéndolo, buscando convertir un acto de responsabilidad en una oportunidad política. Pero esta vez no funcionó".
En ese sentido, Mulino defendió la reforma a la Seguridad Social al señalar que era "indispensable" porque la entidad estaba condenada al colapso financiero y salvaba a futuro las pensiones de los jubilados.
Las protestas contra la ley que reformó la CSS para reforzar las finanzas de la entidad y fue aprobada en marzo pasado, dieron inicio el 23 de abril pasado con una huelga del sector público, a la que se sumó el sindicato de la construcción Suntracs y el del sector bananero de Bocas del Toro, que exigen la derogación de dicha norma.
Las protestas llevaron a que la empresa bananera Chiquita Panamá cesara sus operaciones en Bocas del Toro con el consiguiente despido de todos sus 6.500 trabajadores.
Las movilizaciones contra la ley derivaron en vandalismo y saqueos contra comercios y la destrucción de propiedad estatal y privado, por lo que el Gobierno decretó el "estado de urgencia", suprimiendo algunas garantías constitucionales y envió una operación policial que dejó más de 300 detenidos, entre ellos 90 presuntos pandilleros.
Un acuerdo entre las autoridades y los manifestantes llevó a la apertura de las vías que habían permanecido cerradas durante estas protestas; sin embargo, persiste la huelga de los educadores públicos.
El presidente panameño indicó que los maestros, a pesar a de ser personas "leídas, formadas y educadas (...) cayeron en la trampa de las mentiras difundidas por algunos líderes (sindicales) sesgados ideológicamente".
"La ley (462) es clara: no afecta ninguno de sus derechos (a los maestros). Esta huelga ya no es una lucha, es un secuestro a la educación", expresó Mulino, quien exhortó a los educadores a que "regresen a las aulas y salven el año escolar".