En medio de la indignación social y el clamor por justicia, tras darse a conocer que al menos seis empresas funerarias están involucradas en el mal manejo de cientos de cuerpos que cobraron por incinerar, familiares de los fallecidos y activistas acudieron a la Fiscalía del estado de Chihuahua en busca de respuestas.
Lorenza Elena Cibrián Puentes demandó saber si los restos entregados por la funeraria Luz Divina realmente pertenecen a su esposo, Raúl Rodríguez Irneros, fallecido el 5 de febrero del año pasado.
“Se siente un dolor(…) porque como a nosotros nos entregaron la cajita de cenizas, pues no sabemos realmente si sea él o no sea él”, comentó y aseguró que su hija ya se encuentra en contacto con autoridades, pero hasta ahora no han recibido una respuesta clara.
Josefina Núñez, madre de Melisa Angélica Villalobos Núñez, fallecida en 2020, compartió que aún guarda dudas sobre si las cenizas que le entregaron corresponden realmente a su hija.
"Vine a preguntar sobre si podríamos buscarla aquí porque yo tuve muchas dudas desde que la llevamos a incinerar a esa parte. Fue en el 2020, y (...) estuvo muy extraño”, mencionó.
Núñez contrató los servicios funerarios de Protec Deco, quienes a su vez trasladaron el cuerpo al crematorio ahora clausurado.
“Y ahí la vi, pero ya de ahí ya no me dejaron entrar a seguirla o a ver, y me dijeron que no, que eso era después, que la iban a incinerar después, pero que ahí estaba”, narró.
La madre recuerda que pasaron 15 días desde que dejó a su hija en ese lugar hasta que le entregaron la urna.
“Yo como su mamá me siento con sentimientos encontrados, como que es revivir otra vez el duelo y sobre todo un coraje, tristeza, o sea, es todo junto”, relató y se lamentó de que como familiar, "lo que más quiere es que le den un trato digno, no peor que un animal”.
Por su parte, Silvia Méndez, directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, exigió justicia para las familias afectadas y una investigación a fondo.
“Queremos expresar nuestra solidaridad con las familias que hoy viven esa incertidumbre de no saber si los restos de sus familiares fueron cremados y las cenizas que recibieron corresponden realmente a su familiar”, expuso.
La activista cuestionó la falta de vigilancia institucional "en un estado con una crisis forense y miles de personas no localizadas".
“Nos preocupa profundamente que pese a la magnitud del caso, el Fiscal General del Estado de Chihuahua haya declarado que difícilmente entre los cuerpos podrían encontrarse personas desaparecidas", advirtió.
"Demandamos que se agoten todas las líneas de investigación”, añadió.
También subrayó que estas 383 personas tienen una identidad, la cual debe recuperarse, sin que sus familias sean revictimizadas.
Agregó que la disposición de los restos debe de realizarse únicamente con el consentimiento y conocimiento informado de las familias, y advirtió que estos lugares no regulados abren la puerta a que se conviertan en posibles instrumentos para la desaparición de personas.
Méndez enfatizó que Ciudad Juárez es la urbe de Chihuahua con más personas desaparecidas, con alrededor de 1.300 casos de los 4.000 reportadas en todo el estado.
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