Ishiba se ha propuesto que el Partido Liberal Democrático (PLD) mantenga el control mayoritario de la cámara del que goza junto a su socio de coalición, Komeito, desde la cita previa celebrada en 2022 bajo el mandato de su predecesor, Fumio Kishida.
Esto se traduce en que ambas formaciones necesitan obtener al menos 50 de los 125 escaños en juego en esta elecciones parciales de la Cámara Alta, compuesta por un total de 248 miembros.
Los comicios suponen una nueva prueba de fuego para Ishiba, que gobierna en minoría tras la pérdida del control de la Cámara Baja en las elecciones generales anticipadas del pasado octubre, lo que lo ha forzado a sobrevivir en el poder haciendo concesiones a la oposición, algo inusual para la formación, que había dominado ampliamente la política japonesa tras la Segunda Guerra Mundial.
La principal fuerza de la oposición, el Partido Constitucional Democrático de Japón (PCD) del ex primer ministro Yoshihiko Noda, pretende asestar un nuevo golpe a la coalición gobernante quitándole la mayoría en la Cámara Alta.
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Un total de 519 candidatos concurren en las elecciones del 20 de julio, de acuerdo a datos recogidos por la cadena pública NHK, para cubrir los 125 escaños, la mitad de la cámara y una vacante en la otra. Hay 152 mujeres, casi un 30% del total, el segundo porcentaje más alto de la historia después de las últimas elecciones.
Del total, 74 escaños se determinaran por distrito electoral y los 50 restantes, por representación proporcional.
En Japón, la mitad de los miembros de la Cámara Alta se renuevan cada tres años, para un mandato que dura seis.
Esta cita electoral llega poco después de la celebración de las elecciones a la Asamblea de Tokio del pasado 22 de junio, las más importantes a nivel regional y consideradas un preludio de estas. El PLD de Ishiba obtuvo un mínimo histórico de escaños en ellas.
El mandato de Ishiba podría estar en juego según el resultado electoral, por lo que otro de los focos de atención radica en si la oposición, aunque fragmentada, puede ampliar su atractivo, en especial el PCD y el Partido Democrático para el Pueblo (PDP), que cobraron fuerza tras las generales, así como el populista Sanseito.
Los crecientes costes de vida centran la campaña y tanto la coalición gobernante como la oposición buscan apaciguar el descontento público, pero con medidas distintas.
El primer ministro Ishiba se ha comprometido a distribuir ayudas de 20.000 yenes (unos 120 euros) a cada residente para paliar la persistente inflación, a la que las subidas salariales no logran alcanzar, mientras que la oposición viene ejerciendo presión para reducir o suspender temporalmente el impuesto al consumo, tal y como expusieron en el primer debate oficial celebrado en la víspera.
El alza en los precios del arroz, que se han duplicado en el último año, es una de las principales preocupaciones de los japoneses, que ven incrementarse progresivamente la inflación impulsada por el incremento generalizado de los costes de producción, uno de los retos de la Administración de Ishiba.
Las elecciones de la Cámara Alta darán a los votantes la oportunidad de emitir un veredicto sobre los meses de gestión de Ishiba no solo en materia nacional, sino también en relaciones internacionales, en las que el punto central son las negociaciones comerciales con Estados Unidos, que amenaza con endurecer sus gravámenes sobre el país asiático ante la falta de consenso.
Ishiba, cuyo PLD ha contado tradicionalmente con el apoyo de grupos agrícolas y votantes locales, se ha comprometido a no sacrificar el sector agrícola ante ninguna presión estadounidense para obtener un mayor acceso al mercado.
