El mandatario firmó un decreto para dar por terminadas las funciones de Soria, quien asumió el cargo el 21 de agosto de 2023, seis días después del inicio de la Presidencia de Peña.
La Fiscalía paraguaya detalló en un comunicado que imputó a Soria y a otros tres funcionarios del Senave, a dos extrabajadores de la institución y a otras cinco personas por los delitos de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, asociación criminal, extorsión y lavado de dinero.
La imputación implica diferentes modalidades de participación como autoría, instigación y complicidad.
Los imputados presuntamente "habrían cobrado millonarias sumas de dinero" a los importadores de productos frutihortícolas "a cambio de emitir las autorizaciones de Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi)", agregó la Fiscalía.
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Esas certificaciones tienen un costo de 17.715 guaraníes (2,23 dólares) y es un requisito indispensable para el ingreso al país de esos productos.
La causa se abrió tras la recepción de una denuncia el 4 de marzo de 2024 contra funcionarios de Senave que supuestamente exigían a comerciantes del Mercado de Abasto de la capital paraguaya, Asunción, "pagos indebidos", que oscilaban los diez millones de guaraníes (1.261 de dólares) "como condición para autorizar la expedición de cada certificado", detalló la fuente.
Según la investigación, entre diciembre de 2023 y abril de 2024, varios importadores encontraron "obstáculos internos" en el Senave para obtener los certificados, que coincidieron con llamadas y visitas realizadas por funcionarios de la entidad y de terceros que conocían de los trámites en curso.
Ante las "demoras injustificadas", los importadores se vieron forzados a pagar por el certificado para evitar las pérdidas que implicaba la descomposición de los productos que estaban expuestos a altas temperaturas, refirió la Fiscalía.