Según el Ministerio de Medio Ambiente, el hecho de que tal compromiso ambiental haya estado vigente por cerca de 20 años con "resultados comprobados" demuestra su "éxito" y no presenta elementos que permitan caracterizarlo como "un cartel de compra".
La suspensión fue ordenada de forma cautelar por la superintendencia del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), bajo el argumento de que la moratoria, establecida en 2006, "constituye un acuerdo anticompetitivo" entre empresas que "perjudica la exportación de soja".
El organismo abrió un proceso administrativo, que se dirimirá en el Tribunal del Cade y que podría resultar en la aplicación de multas de hasta el 20 % de la facturación de las 30 empresas que participan en la moratoria, incluyendo multinacionales como Cargill y Bunge.
El inicio de la investigación respondió a un pedido de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, controlada por diputados conservadores de la llamada "bancada ruralista".
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Frente a la suspensión, la cartera recordó que la Constitución de 1988 consagra la libre competencia y la libre iniciativa como pilares de la economía, pero también establece "de forma inequívoca" la defensa del medio ambiente como principio fundamental.
En ese sentido, advirtió que interpretar la libre competencia como un valor absoluto, sin considerar el impacto ambiental, "distorsiona el propio orden constitucional".
La Moratoria de la Soja es un instrumento pionero y reconocido internacionalmente, firmado entre asociaciones empresariales y la sociedad civil, con apoyo gubernamental, que estableció criterios claros para la producción sostenible de soja en la Amazonía brasileña.
Entre las normas fijadas por el mecanismo está el uso de áreas ya consolidadas de deforestación, la exclusión de terrenos embargados por deforestación ilegal y la prohibición de la producción con trabajo en condiciones análogas a la esclavitud.
En un comunicado, el Ministerio señaló que entre 2006 y 2023 la superficie de soja en la Amazonía brasileña creció un 427 % sin provocar nuevas deforestaciones, mientras que en el resto del país aumentó un 115 %.
Según explicó, el 97,6 % de la devastación registrada en el bioma durante ese período no estuvo vinculada a la expansión de la sojicultura.
Organizaciones ecologistas, como WWF, criticaron la suspensión y advirtieron que puede representar un "vaticinio peligroso para los intereses del país", recordando que la moratoria ha contribuido significativamente a contener la deforestación y que varios mercados internacionales exigen soja libre de deforestación.
Por el contrario, la asociación Aprosoja celebró la medida, considerándola un "hito histórico en defensa de la libre competencia" y un alivio para productores que cumplían con la legislación ambiental.