La decisión se tomó en la primera reunión del Comité Nacional de Salud Pública (Consap), compuesto por varios ministerios y creado por el presidente Daniel Noboa el 19 de agosto con el objetivo de "garantizar un acceso oportuno, seguro y de calidad a los servicios de salud del país".
El mandatario creó este comité después de que se hiciera pública la muerte de doce neonatos en un hospital de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, y que fue atribuida por medios locales a una supuesta falta de insumos, algo que fue negado por el Gobierno.
Sin embargo, ese caso desencadenó una serie de denuncias de gremios médicos y de pacientes de otros centros hospitalarios del país, quienes aseguraron que el desabastecimiento era real y que pedían que se declarara una emergencia en el sistema de salud.
Para las primeras compras masivas se destinarán alrededor de 60 millones de dólares que, según dijo la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, no han sido usados por los hospitales y centros de salud, pese a que el Gobierno destinó este año 200 millones de dólares para la adquisición de medicinas e insumos.
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"Los contratos firmados no suman más de 130 millones de dólares y el monto ejecutado por los mandos medios de los hospitales es de alrededor de 100 millones. Eso ya debería garantizar una buena parte del abastecimiento, pero esto no se observa, hay muchas irregularidades", explicó Moya.
Con esta medida, el Gobierno cambia el modelo de compra descentralizada que, según dijo el presidente del consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama, empezó a implementarse hace 15 años, durante la administración del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017).
Lama catalogó a ese modelo como "enfermo, dañado y perverso" y que fue inventado por "gobiernos anteriores para robarse la salud".
Señaló que han detectado que "hay proveedores que no entregan la medicación en colusión con bodegueros" y que la medicina es robada de los hospitales y luego termina en zonas comerciales, como en La Bahía de Guayaquil.
"Lamentablemente hay una falta de control", mencionó, y adelantó que se contratará un "sistema digital incorruptible para poder medir los abastecimientos".
"Les vamos a quitar el dinero a las mafias de la salud que durante años han venido luchando por capturar hospitales para poder repartirse el botín que le pertenece a los ecuatorianos", añadió.
La Contraloría General del Estado (Tribunal de Cuentas) y la Fiscalía han iniciado en los últimos años varias investigaciones por presuntos actos de corrupción detectados en los hospitales del país.
El ministro de Salud, Jimmy Martin, aseguró que ya tienen una hoja de ruta trazada para enfrentar la crisis de desabastecimiento y para evitar la corrupción, aunque no dio detalles al respecto ni habló sobre otras medidas que adoptará el comité.