"Como ONU Derechos Humanos lamentamos las muertes de José Alberto Guamán y Rosa Elena Paqui, de la nacionalidad indígena kichwa, en el contexto de protestas en Ecuador. Las autoridades deben investigar de forma célere y transparente estos fallecimientos", señaló el representante regional Jan Jarab en un comunicado.
Jarab también hizo un llamado al Gobierno para que garantice "el derecho a la reunión pacífica, así como una actuación de sus fuerzas de seguridad conforme a las normas internacionales de derechos humanos".
La muerte de Guamán fue confirmada este miércoles por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que convocó a las manifestaciones tras la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diésel el pasado 12 de septiembre.
El indígena, de 30 años, había sido herido de bala presuntamente por militares durante los enfrentamientos que se registraron el martes en el municipio de Otavalo, en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas, y falleció después de ser trasladado a un hospital de Quito tras una operación de emergencia.
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Mientras que Paqui, de 61 años, falleció por un paro cardiorrespiratorio causado supuestamente, y de acuerdo a la Conaie, por los gases lacrimógenos lanzados contra los manifestantes en una localidad del sur del país.
Jarab también hizo un llamado al diálogo y saludó "los pasos que se están dando en esta dirección", al tiempo que el Gobierno anunciaba una tregua con dirigentes de movimientos indígenas de Imbabura para cesar las protestas, y aseguró que se instalarían mesas de diálogo con el objetivo de llegar a acuerdos definitivos.
Sin embargo, esas conversaciones con el Gobierno no han sido reconocidas aún por la Conaie, que se mantenía en su decisión de seguir con las protestas hasta que se tomen en cuenta sus reclamos, lo que también fue compartido por parte de las comunidades de la provincia.
El pasado 29 de septiembre, Jarab también había pedido que se investigue con transparencia el fallecimiento del comunero Efraín Fuerez, quien recibió disparos presuntamente por parte de militares, según denunció la Conaie, y que se registró días antes también en Imbabura.
Además de las muertes, las protestas dejan más 250 personas heridas y más de 170 personas detenidas, según datos de organizaciones defensoras de los derechos humanos.