La presidenta Hassan busca su primer triunfo en unas elecciones marcadas por la represión

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Dar es Salam, 27 oct (EFE).- La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, que llegó al poder en 2021 tras la súbita muerte de su antecesor, John Magufuli, afronta su primera cita con las urnas en las elecciones generales de este miércoles, marcadas por la represión de la disidencia y la condena de organizaciones pro derechos humanos.

Unos 37,65 millones de votantes registrados, un aumento del 26 % desde los comicios de 2020, están llamados a las urnas en 99.895 colegios electorales para elegir al presidente, los diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento) y concejales de gobiernos locales.

La atención se centra en la elección, por mayoría simple, del jefe del Estado para un mandato de cinco años renovable una vez.

Se espera que la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC, en inglés) anuncie los resultados en las 72 horas siguientes a la votación.

Hassan, una de las dos jefas de Estado que gobiernan actualmente en África, junto a la namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah, busca consolidar en las urnas su poder tanto en la Presidencia como en el gobernante Partido de la Revolución (CCM, por sus siglas en suajili).

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El CCM y su antecesor, la Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU, en inglés), han permanecido en el poder desde la independencia del país en 1961.

La mandataria, de 65 años y primera mujer en dirigir este país del este de África, ha centrado su campaña en la continuidad con resultados tangibles en sectores como la infraestructura, y la estabilidad bajo el liderazgo del CCM.

En los últimos años, Tanzania ha logrado avances importantes en la construcción de carreteras, líneas eléctricas, ferrocarriles y acceso a internet, pero todavía adolece de una brecha notable entre las zonas rurales y las áreas urbanas.

"El Gobierno del CCM no hace promesas vacías. Cuando nos comprometemos, cumplimos. El 29 de octubre de 2025, voten por CCM para que podamos seguir impulsando el progreso de la nación", aseguró Hassan durante la campaña, al enfatizar que "nadie se quedará atrás" y abogar por "trabajar todos juntos por el progreso colectivo".

La presidenta se enfrenta a dieciséis contendientes poco relevantes y conocidos, pero la exclusión de los dos rivales opositores más importantes inclina considerablemente la balanza a su favor.

Tundu Lissu, líder de la principal fuerza opositora, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), sigue en prisión preventiva desde su arresto en abril pasado y enfrenta cargos de traición, delito que puede acarrear la pena de muerte.

Además, la INEC -designada por la Presidencia y cuyas decisiones no se pueden apelar- descalificó a Chadema de la contienda después de que el partido se negara a firmar el Código de Conducta Electoral.

En septiembre, la Comisión también descartó la candidatura de Luhaga Mpina, destacado dirigente del segundo partido opositor, la Alianza para el Cambio y la Transparencia (ACT-Wazalendo).

Estas ausencias han alarmado a ONG defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), que el pasado día 20 denunció que las autoridades tanzanas han intensificado la represión contra opositores, periodistas y la sociedad civil en una "estrategia deliberada" para "infundir miedo, suprimir la participación cívica y consolidar el poder" ante las elecciones generales.

Tras esa condena, Chadema confirmó la semana pasada que John Heche, vicepresidente de Chadema, estaba en paradero desconocido tras ser detenido.

En declaraciones a EFE, el analista electoral Omari Juma afirmó que la exclusión de rivales clave "plantea nuevas dudas sobre la integridad, la seriedad, el profesionalismo y la independencia de la comisión electoral".

Estas denuncias han eclipsado las reformas que Hassan impulsó inicialmente para contrarrestar las restricciones impuestas por Magufuli.

La mandataria llegó a levantar la prohibición de celebrar mítines políticos, duramente reprimidos con gases lacrimógenos e incluso munición real durante la época de Magufuli, e impulsó un acercamiento del Gobierno a los partidos de la oposición.

En este contexto, la Unión Africana (UA) y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) han desplegado misiones de observación electoral.