"Es crucial que no se trate como criminales a quienes piden respuestas por este trágico incendio", ocurrido el pasado 26 de noviembre, señaló la directora para Asia de HRW, Elaine Pearson, en un comunicado remitido a EFE.
Las autoridades han detenido ya a 12 personas por presunto homicidio imprudente en una investigación que apunta a graves irregularidades en la rehabilitación del complejo residencial, y también arrestaron a otras cuatro acusadas de "explotar la tragedia para incitar al odio y generar inestabilidad".
HRW pidió que se retiren los cargos contra estas últimas, a las que considera que se detuvo por ejercer "activismo pacífico".
"Las autoridades de Hong Kong no deben responder al criticismo generado por una tragedia de la misma forma en que lo hace el Gobierno chino", señala la organización, que cita ejemplos como la censura y el encarcelamiento de ciudadanos chinos que protestaron por el grave terremoto de Sichuan en 2008 o la gestión inicial de la pandemia de covid.
Respecto a las responsabilidades por el incendio, HRW consideró que el Ejecutivo hongkonés "debe abrir una investigación independiente en lugar de arrestar a la gente que hace preguntas incómodas".
"No se puede retroceder en el tiempo para evitar esta tragedia, pero las autoridades pueden evitar hacerla todavía mayor", sostuvo Pearson, quien instó al Gobierno a "compensar adecuadamente a las víctimas y a hacer que los responsables", incluyendo cargos públicos, "respondan ante la Justicia".
El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ya anunció en esta misma jornada la creación de una comisión independiente presidida por un juez para investigar "hasta el final" el incendio de siete de los ocho edificios del complejo residencial Wang Fuk Court, mientras continúan las labores de búsqueda de casi 40 personas desaparecidas.
Lee avanzó que la comisión determinará las causas del siniestro y propondrá cambios estructurales y garantizó que "los culpables responderán sea cual sea su posición".
Hasta ahora, los peritajes practicados a veinte muestras de la red perimetral exterior de los edificios, tomadas en diferentes alturas, han detectado que siete incumplen la normativa de resistencia al fuego y que el material homologado solo se instaló en las plantas bajas para eludir controles tras el paso del supertifón Ragasa en julio.