La Policía Judicial informó en un comunicado de que desarrolla pesquisas por supuestos delitos de fraude en la obtención de subsidios, corrupción activa y pasiva, y prevaricación en el proceso de renovación de la flota de la compañía.
Según las autoridades, Transtejo Soflusa se habría beneficiado de fondos europeos, en total unos 17 millones de euros, dentro del Programa Operacional Sostenibilidad y Eficiencia en el Uso de Recurso (PO SEUR), que en Portugal financia proyectos de transición a una economía baja en carbono, adaptación climática y protección ambiental.
En febrero de 2020, se lanzó un concurso público internacional para adquirir diez embarcaciones eléctricas para la operadora de ferris y un único conjunto de baterías para un solo barco, con la idea de comprar después los restantes nueve en un proceso autónomo.
La PJ afirmó que a lo largo de esta indagación halló indicios de que ese concurso público y las reglas establecidas para el mismo beneficiaban a una entidad en España, al haber optado por excluir de esa licitación el resto de baterías indispensables para el funcionamiento de los ferris.
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Ante la negativa del Tribunal de Cuentas de aprobar el contrato para la compra de las baterías, que fue anulado por violación de los principios de competencia e igualdad de tratamiento, Transtejo Soflusa lanzó un concurso internacional en junio de 2023 que fue ganado por una tercera empresa, que, según la policía, es sospechosa de haber tenido una ventaja competitiva frente al resto de competidores.
En paralelo, la PJ cumplió este miércoles otras cinco órdenes de registro por supuestos delitos de malversación tras recibir denuncias que apuntan que hubo una violación de las reglas de contratación pública por parte del Consejo de Administración de Transtejo Soflusa de los servicios de mantenimiento de barcos, así como en ajustes directos a empresas del Grupo ETE (Empresa de Tráfico y Estiba).
En esta operación se han recopilado pruebas mientras las investigaciones prosiguen.