A través de su cuenta en X, el CLIPP precisó que la condena fue el pasado martes contra un joven de 17 años, a quien se le impusieron seis años de prisión y cuatro de trabajo comunitario "sin que exista" -señaló- "una sola prueba sólida" que sustente las acusaciones.
Además, afirmó que esta sentencia "viola de forma flagrante" el "principio del interés superior del niño" (artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente), que "obliga al Estado a priorizar la protección, educación y desarrollo integral de los adolescentes por encima del castigo".
También, prosiguió, la condena "vulnera el derecho a la libertad personal (artículo 33)", al advertir que se deriva "de una detención arbitraria", y "el derecho a la educación (artículo 37), al interrumpir y obstaculizar su proyecto académico y universitario".
La organización no gubernamental defendió al menor de edad y aseguró que no es un terrorista, sino un "estudiante, pelotero, aprendiz panadero" que fue detenido el pasado 9 de enero, un día antes de la investidura presidencial de Nicolás Maduro, a quien la oposición y varios países consideran ilegitimo al insistir que no ganó las elecciones del año pasado, como proclamó el ente electoral.
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Ese día, la líder opositora María Corina Machado había convocado a una protesta en defensa del triunfo que asegura obtuvo Edmundo González Urrutia -actualmente exiliado- frente a Maduro en las presidenciales.
El CLIPP señaló que el menor fue detenido "arbitrariamente" y sin orden judicial, "únicamente por su apariencia y vestimenta deportiva, bajo el prejuicio de tener 'pinta de guarimbero (manifestante violento)'".
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 893 presos políticos, de los cuales 889 adultos y los otros 4 son menores de edad de entre 14 y 17 años.
Sin embargo, el Gobierno y la Fiscalía asegura que en el país no hay detenidos por estos motivos, sino que, afirman, cometieron varios delitos, algo que rechazan varias ONG y partidos opositores.
