El tribunal internacional celebrará audiencias públicas sobre la 'Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Gambia vs Myanmar)', que estarán centradas en el "fondo del caso" y que contarán con la declaración de testigos y expertos designados por las partes, explicó la CIJ en un comunicado.
En la demanda, presentada por Gambia el 11 de noviembre de 2019, se alega que Birmania ha violado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y se solicita que la Corte declare que el país del Sudeste Asiático incumplió sus obligaciones en esta materia.
También se pide un "cese inmediato de los actos ilícitos", así como que efectúe reparaciones en favor de las víctimas y que proporcione garantías de no repetición.
Otros once Estados han intervenido en el caso presentando declaraciones, entre ellos Canadá, Bélgica o Francia, aunque el tribunal decidió que no era necesario que todos participaran oralmente en las sesiones.
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Aunque la CIJ ordenó en enero de 2020 a Birmania aplicar medidas para proteger a los rohinyá de un supuesto genocidio, por el momento no ha habido condenas al país por este delito.
Sin embargo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó en noviembre de 2024 una orden de arresto para el líder de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, por la deportación y persecución de los rohinyás, crímenes de lesa humanidad cometidos en Birmania.
En agosto de 2017, una oleada de violencia contra la minoría étnica rohinyá en el país asiático desencadenó una crisis humanitaria sin precedentes y cientos de miles de refugiados huyeron del país, en lo que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos calificó como "caso de manual de limpieza étnica".
El brutal operativo que el Ejército birmano lanzó contra los rohinyás en el norte del estado de Rakáin (Arakan), motivó el éxodo de más de 720.000 refugiados a la vecina Bangladés, lo que está también siendo investigado por la ONU por constituir un posible genocidio.