La organización con sede en Miami, expresó su "alarma" por las acciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), un organismo del Estado al que Granasa acusa de "intentar adueñarse del 40 % de las acciones" pese a que la titularidad accionaria se concretó hace seis años.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, consideró en un pronunciamiento que "el uso de una institución pública para hostigar a medios críticos es una de las formas más sofisticadas de censura indirecta”.
"Cuando se recurre a mecanismos administrativos, tributarios o societarios para presionar a una empresa periodística, no solo se vulnera la libertad de prensa, sino también la libertad de empresa, que es una condición esencial para que el periodismo independiente pueda existir”, afirmó Manigault.
El posicionamiento de la SIP se produce días después de un comunicado en el que Granasa denunció que el Gobierno de Noboa "usa todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar" a la compañía "con el único propósito de someter a una de las pocas voces críticas a su gestión que existen en Ecuador".
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Entre estos actos, citó investigaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Fiscalía General del Estado, así como declaraciones del secretario de Integridad Pública y director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, José Julio Neira.
La editora sostuvo que, "al no encontrar absolutamente nada incriminatorio", el Gobierno de Noboa "utiliza ahora a la Superintendencia de Compañías para intentar adueñarse del 40 % de las acciones" con el argumento que "no ha encontrado la trazabilidad" de la transferencia ya validada antes.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que “estas acciones generan un efecto intimidatorio que trasciende a una sola empresa y envía un mensaje preocupante al resto del ecosistema mediático del país".
La SIP recordó que en su último informe sobre libertad de prensa en Ecuador advirtió de que el "ecosistema mediático se vio marcado por graves violaciones a la libertad de prensa", y que “funcionarios del gobierno de Daniel Noboa utilizaron las redes sociales y los canales oficiales para atacar a periodistas y medios”.