La solicitud fue presentada por asambleístas del correísmo, que lo acusan de un supuesto incumplimiento de funciones relacionado con la garantía de la independencia judicial, después de que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunció que fue supuestamente presionado por parte de un exdirector provincial de la Judicatura, quien le dijo que "ponga especial atención" en el caso de un narcotraficante serbio procesado por lavado de activos.
Posteriormente se conoció que ese serbio, identificado como Jezdimir Srdan, fue defendido inicialmente por la esposa de Godoy.
El juez Serrano también denunció haber recibido amenazas tras ser parte del tribunal que sentenció al serbio a diez años de prisión, por lo que renunció al no contar con seguridad policial.
El correísmo ha señalado al presidente Daniel Noboa de intentar "proteger" a Godoy para "resguardar intereses oscuros", algo de lo que el oficialismo ha intentado desmarcarse, por lo que fue la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, quien pidió que se admita a trámite la solicitud de enjuiciamiento político de la máxima autoridad de la Judicatura, que fue apoyado por unanimidad.
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"Aquí nadie está por encima del escrutinio público: la transparencia no se negocia, se exige y se garantiza", dijo Mancheno.
El presidente de la Judicatura, por su parte, ha acusado al correísmo de querer "tomarse la justicia".
Ahora ese pedido se analizará en la Comisión de Fiscalización, también controlada por el oficialismo, que deberá emitir un informe en el que recomiende o no llevar a Godoy al pleno del Legislativo para su eventual censura.
"El país entero debe estar vigilante de la Comisión de Fiscalización que no goza de la confianza del Ecuador por su actuación en este periodo parlamentario, donde archivar y proteger se volvió costumbre", escribió en su cuenta de X la asambleísta correísta Viviana Veloz, una de las que propuso el juicio político.