Se trata del Anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que refuerza también el consentimiento en el uso y difusión de la propia imagen y quiere sustituir a la ley vigente, de 1982, para adaptarla a la realidad del siglo XXI y ampliar la protección de estos derechos.
Así, el texto, que se presentará en el Congreso para su aprobación considera ilegítimo el uso sin autorización de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada con IA o tecnologías similares.
A su vez, se protege la libertad de expresión y la libertad creativa. Así, en el caso de personas de proyección pública, en un contexto creativo, satírico o de ficción, se puede utilizar inteligencia artificial, haciendo constar, en todo caso, que esas imágenes provienen de la utilización de esa tecnología.
Además, en materia de consentimiento, establece que compartir imágenes personales en una red social no supone que terceros puedan usarlas en otras redes o canales de difusión, es decir, el consentimiento está limitado a la red social en la que se sube una determinada imagen.
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El ministro de Justicia español, Félix Bolaños, destacó que el anteproyecto además mejora también la protección de los menores fijando en 16 años la edad de consentimiento sobre la propia imagen, regula el consentimiento en personas con discapadidad y también los casos de personas ya fallecidas, ampliando las personas que pueden ejercer el derecho en nombre de ellas.
El ministro de Justicia anunció, además, una nueva regulación para los denominados 'true crimes' con el objetivo de dar mayor protección a las víctimas de estos delitos, de tal manera que se considera injerencia en el derecho a la protección del honor siempre que el victimario obtenga algún tipo de rendimiento económico o proyección personal con esa obra audiovisual.
El Consejo de Ministros aprobó también este martes el proyecto de ley que regula el derecho a la rectificación con el objetivo de adaptarlo al ecosistema mediático actual de internet y abarcar así las publicaciones de 'influencers' en redes sociales y plataformas digitales.
Según Bolaños, la principal novedad de la norma es que la ciudadanía no sólo podrá ejercer su derecho a la rectificación con respecto a los medios de comunicación, también a las plataformas digitales y a los usuarios relevantes de redes sociales que tengan más de 100.000 seguidores en una red o más de 200.000 en todas las plataformas en las que esté presente.
"Por tanto, desinformadores habituales dedicados al bulo de manera diaria estarán afectados por esta ley del derecho a la rectificación, y los ciudadanos que vean como un bulo difundido por estos profesionales del bulo también podrán ejercer el derecho a la rectificación, aunque no sean un medio de comunicación y sean simplemente personas que se dedican a las redes sociales", apuntó el ministro.
