El acto de audiencia de juicio, pospuesto desde 2023 en al menos seis ocasiones, quedó abierto el lunes con una veintena de imputados, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014)-asilado en Colombia, desde donde se conectó vía virtual-, y exministros de su Gobierno.
Todos los imputados presentes respondieron que "no" eran responsables del delito de blanqueo de capitales imputado en una decisión judicial (de llamamiento a juicio) del 7 de noviembre de 2022.
La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 - luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países, incluido Panamá - y culminó en octubre de 2018.
El receso adoptado por la jueza adjunta ad honorem del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Baloisa Marquínez, será efectivo hasta el próximo miércoles, según un comunicado del Órgano Judicial (OJ).
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Esta decisión permitirá que los abogados de la querella y de la defensa cotejen la información contenida en las pruebas facilitadas por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) -en formato digital- con los documentos físicos aportados a la audiencia en calidad de pruebas extraordinarias.
La audiencia se reanudará con "la presentación de las objeciones que la querella y los defensores estimen pertinentes respecto de las pruebas aducidas" por la Fiscalía, indicó el OJ.
Entre las evidencias presentadas por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo está la "prueba extraordinaria número 9", la cual consta de 44 tomos, con su debida traducción, procedente de las autoridades de Estados Unidos, recibida en 2025, en virtud de la solicitud presentada de asistencia judicial en 2017, por el delito de blanqueo de capitales, informó por su parte el MP.
Morcillo indicó que la documentación aportada por el MP es el resultado de "asistencias judiciales internacionales que se habían emitido durante la investigación, en la cual hay información diversa del caso Odebrecht, igual que la que ya se presentó de asistencias a Perú, Antigua y Barbuda y Andorra, que son importantes y que tienen información muy valiosa", señala una nota oficial de la entidad investigadora.
La nota añade que cuando se retome la audiencia, "las defensas podrán objetar las pruebas y el Ministerio Público podrá hacer lo mismo con las pruebas extraordinarias que presenten" los defensores.
La información destaca que en este caso se ha logrado recuperar por parte de la Procuraduría de la Nación 74.701.896,58 dólares de pagos de la empresa y 10.692.212,94 en acuerdos de colaboración.
Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en Panamá.