En el documento, basado en 200 testimonios de víctimas dentro y fuera del país, la ONG acusa al Gobierno cubano de operar bajo una lógica de "Big Brother" con el fin de desarticular “redes sociales, cívicas y políticas independientes, como forma de sometimiento”.
Durante la presentación del informe, realizada este martes de forma telemática, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, lamentó el nivel de "autocensura" que ha provocado el sistema de cibervigilancia en la isla.
"Es tremendo el nivel de autocensura… (hay) terror en la población por publicar en redes o incluso hablar por WhatsApp", censuró.
En el informe se destaca que el 46,5 % de los encuestados afirmó que sufrió la intervención directa de sus comunicaciones en aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, y que el contenido de sus conversaciones fue mencionado por la policía durante interrogatorios o detenciones sin órdenes judiciales.
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"No es un fenómeno técnico coyuntural, sino un componente central de un modelo de control político", subraya el texto.
En esa línea, el documento documenta que prácticamente todos los encuestados (98,5 %) ha sufrido “sanciones o amenazas” por el contenido de sus conversaciones digitales o publicaciones.
Entre los 200 testimonios destaca la presencia de activistas (51 %), familiares de presos políticos (33,5 %) y periodistas independientes (15 %). Poco más de ocho de cada 10 aún vive en Cuba.
La investigación de la ONG identificó 10 patrones de vigilancia, entre ellos el “ciberpatrullaje” (observación sistemática de publicaciones y comunicaciones), los cortes selectivos de internet y la "intrusión digital coercitiva".
Esta última práctica consiste en obligar a las víctimas a desbloquear sus teléfonos sin orden judicial, una acción que afectó al 65,5 % de la muestra.
Una vez obtenido el acceso, de acuerdo con el informe, las autoridades no solo revisan la información, sino que intervienen sus comunicaciones privadas en aplicaciones de mensajería (reportado por el 46,50 % de los declarantes).
Tras la intrusión, es común que las víctimas detecten sesiones abiertas desde ubicaciones desconocidas (49,50 %).
Otro elemento destacado en el texto es el bloqueo del acceso al internet, un fenómeno que le ha ocurrido al 77,5 % de los consultados. En su mayoría, estos cortes ha coincidido con eventos como protestas o fechas simbólicas, como el aniversario de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
"Estas prácticas eliminan cualquier expectativa razonable de privacidad. Este patrón demuestra que en Cuba las comunicaciones privadas no están protegidas. La vigilancia opera sin controles, sin autorización judicial y sin límites claros, vulnerando directamente el derecho a la privacidad, la intimidad y la libertad expresión", criticó Caren Herrera, directora jurídica de la organización.
Por otro lado, la ONG también cargó contra la "instrumentalización de la ley", al señalar normas como el Decreto-Ley 370 y el nuevo Código Penal. Estas leyes, afirmó, permiten imponer multas elevadas y decomisar equipos por difundir información contraria al "interés social", un término que la organización califica de "vago y discrecional".