"Fuimos interceptados por un grupo armado y nos expresaron que no podíamos transitar estos territorios", relató a EFE la candidata campesina Claudia Liliana Ruiz, quien explicó que vivió este tipo de incidentes mientras viajaba por una zona rural del norte del departamento del Cauca, una de las más afectadas por el conflicto.
La candidata, que aspira a representar a la subregión Alto Patía y Norte del Cauca, agregó que la intervención de la guardia indígena —un mecanismo comunitario de protección— permitió mediar con los hombres armados y continuar el recorrido hacia el municipio de Toribío, donde tenía actividades de campaña.
"Nos asignaron una persona de seguridad y un chaleco antibalas, desconociendo lo álgido que es el conflicto en nuestros territorios", afirmó Ruiz sobre el esquema otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), el organismo estatal encargado de la seguridad de líderes y candidatos y que depende del Ministerio del Interior.
La aspirante aseguró que las restricciones y amenazas se han intensificado a medida que avanza la campaña y lamentó que, diez años después del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, muchas de las iniciativas previstas sigan sin implementarse.
En el Cauca operan principalmente varios frentes de disidencias de la FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que este domingo anunció un cese al fuego unilateral del 7 al 10 de marzo en todo el país con motivo de las elecciones.
Situaciones similares ha vivido Esneyder Gómez Salamanca, candidato indígena, del pueblo nasa, a la misma circunscripción especial, quien denunció que el vehículo en el que se movilizaba fue impactado por un disparo el año pasado cuando se desplazaba hacia Popayán, capital del Cauca.
"Convivir con actores armados en el territorio es una cuestión compleja (...) pero es un trabajo comunitario y las comunidades nos llaman", afirmó Gómez, quien destacó el papel de la guardia indígena como principal apoyo para su seguridad.
Según la ONU, en 2025 se registraron en Colombia 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra líderes políticos, incluidos aspirantes a las circunscripciones especiales de paz creadas tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC en 2016.
Colombia celebrará elecciones legislativas el próximo 8 de marzo, que darán paso a las presidenciales previstas para el 31 de mayo en primera vuelta y el 21 de junio en segunda, si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria.
Este año la campaña ha sido marcada por varios incidentes en el Cauca, como el secuestro el pasado 10 de febrero durante unas horas de la senadora Aída Quilcué, quien busca la reelección en los comicios del próximo domingo, y la retención la semana pasada de la líder indígena Ana Guetio, candidata a la Cámara de Representantes.
Tanto Quilcué como Guetio fueron abordadas en carreteras por hombres armados que les hurtaron sus vehículos y pertenencias y las dejaron en libertad horas después.