El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, dijo a periodistas que el juez declaró "sin lugar" la solicitud de revocatoria de la orden de captura presentada por los abogados de Hernández.
El expresidente había sido extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico y tenencia de armas, pero se encuentra en libertad tras recibir un indulto del presidente de EE.UU., Donald Trump, el pasado 28 de noviembre.
La resolución de este jueves confirma el "carácter vigente" de la orden de aprehensión contra Hernández por el presunto lavado de activos y fraude relacionados con el desvío de más de 62 millones de lempiras (2,3 millones de dólares) a través de ONGs entre 2010 y 2013, explicó Silva.
Los cargos contra Hernández están asociados a un caso millonario que también salpicó a exdiputados, empresarios y particulares en un desvío de recursos del Estado para financiar la campaña política del exmandarario en 2013.
El portavoz judicial indicó que la defensa de Hernández puede interponer una garantía de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte.
En diciembre de 2025, el fiscal general, Johel Zelaya, instó a los organismos de seguridad nacional y la Policía Internacional (Interpol) a ejecutar la orden de detención contra Hernández.
El exgobernante hondureño criticó la decisión del juez de rechazar su petición de presentarse voluntariamente y tildó el proceso de un "claro caso de persecución política".
"He expresado de forma clara y reiterada mi firme intención de volver al país y enfrentar este proceso", subrayó Hernández en la red social X, donde denunció un trato diferenciado respecto a otros acusados a quienes sí se les ha permitido la comparecencia voluntaria.
Ante lo que considera una vulneración de sus derechos, Hernández anunció que su defensa interpondrá "un amparo" y ejercerá "todas las acciones legales correspondientes".