El recurso presentado a últimas horas del viernes por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) tiene como objetivo paralizar “la etapa de exhibición y producción de documentos, del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026″, detalló el organismo.
La PTN remarcó además que el 26 de febrero el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito en respaldo de la posición argentina.
La acción que se busca frenar, denominada ‘discovery’ (descubrimiento), implica la presentación de documentación orientada a ejecutar una sentencia a favor de la firma inglesa Burford Capital y de la estadounidense Eton Park en el juicio por la nacionalización de YPF.
Se trata de la primera medida de Sebastián Amerio, designado ayer por el presidente argentino, Javier Milei, como procurador del Tesoro, máxima autoridad encargada de la defensa jurídica del Estado.
La PTN detalló que Argentina ha cumplido ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso, produciendo más de 115.000 páginas de documentación y facilitando aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango y denunció que los demandantes "han convertido el descubrimiento relacionado con la ejecución en un circo".
La nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, entonces en manos de la española Repsol.
El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España que quebraron.
En 2023, Preska condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares -que, con intereses, asciende actualmente a unos 18.000 millones de dólares- y en junio de 2025 ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, medida también apelada por el país suramericano.
A finales de octubre pasado, Argentina reafirmó ante la Corte de Apelaciones de Nueva York que la jurisdicción para resolver el litigio por la nacionalización de YPF no es Estados Unidos sino el propio país suramericano.