En un comunicado al que tuvo acceso EFE, la empresa señaló que el Gobierno panameño no presentó a tiempo su respuesta ante el tribunal de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), cuyo plazo vencía el pasado viernes.
Según PPC, las autoridades panameñas solicitaron una prórroga parcial al alegar que "no estaban preparadas" para responder y que necesitaban más tiempo para preparar su defensa.
La empresa señaló que esa situación contrasta con las declaraciones previas del Gobierno panameño, que habría dedicado el último año a elaborar un plan para la gestión de los puertos de Balboa y Cristóbal.
El comunicado también acusa al Estado panameño de ignorar las gestiones de la compañía para buscar soluciones al conflicto y advierte de posibles acusaciones "infundadas" durante el proceso arbitral.
Asimismo, PPC denunció que las autoridades continúan reteniendo documentos corporativos y materiales incautados durante la toma de las instalaciones, incluidos archivos y ordenadores, en operaciones que, según la empresa, se realizaron con presencia de fuerzas de seguridad armadas.
La compañía reiteró que la ocupación de los puertos y la incautación de documentos vulneran el Estado de derecho y afirmó que se reserva "todos los derechos y recursos legales" para reclamar los daños causados.
La disputa se remonta al fallo emitido en enero por la Corte Suprema de Panamá, que declaró inconstitucional la concesión otorgada en 1997 a PPC para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, así como su prórroga aprobada en 2021 hasta 2047.
Tras la decisión judicial, la Autoridad Marítima de Panamá asumió el control de ambas terminales y entregó su operación transitoria a filiales de las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) mientras el Gobierno panameño prepara un nuevo proceso de licitación.
CK Hutchison y su filial ya iniciaron un arbitraje internacional por este caso, cuyo monto asciende a unos 2.000 millones de dólares, según la compañía.
La disputa se produjo en medio de tensiones geopolíticas en torno al Canal de Panamá, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con recuperar la vía tras denunciar la supuesta influencia china en la estratégica infraestructura.