"Esta solicitud de intervención de la UA representa una oportunidad para que el Gobierno zambiano anteponga los derechos de los niños a la salud y la seguridad a sus intereses económicos", declaró el director de Incidencia Política para África de HRW, Allan Ngari, en un comunicado.
Ngari aseguró que las autoridades de Zambia deben rendir cuentas por no limpiar un sitio minero contaminado, y tomar medidas frente a las "violaciones que se prolongan desde hace décadas" sobre los derechos de la infancia a la salud causadas por la actividad minera iniciada en esta ciudad durante el periodo colonial británico.
Tras el cierre de la mina en 1994, unos 6,4 millones de toneladas de residuos mineros quedaron sin cubrir, lo que provocó que hasta 200.000 personas puedan haber estado expuestas al polvo tóxico, según HRW.
Investigadores médicos estiman que más del 95 % de los niños que viven cerca de la antigua mina tienen plomo en la sangre.
HRW también denunció que, desde entonces, el Gobierno zambiano ha otorgado licencias para la extracción y el procesamiento de los residuos tóxicos de plomo de la antigua mina, lo que expone a los residentes de Kabwe a más riesgos para su salud.
"Las consecuencias de la aplicación inadecuada de las normas mineras y ambientales por parte del gobierno zambiano han recaído sobre los niños, la población más vulnerable", incidió Ngari.
Aunque la ONG pro derechos humanos reconoció que el Gobierno ha tomado algunas medidas para mitigar la contaminación, como la creación de un comité técnico presidencial para abordar la situación, insistió en que aún no se ha limpiado la mina.
Por eso, HRW decidió unirse a la demanda presentada por el Instituto para los Derechos Humanos y el Desarrollo en África (IHRDA), junto con organizaciones no gubernamentales zambianas y familias afectadas, ante el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (ACERWC).
Los denunciantes piden la contención y eliminación de las fuentes contaminantes en Kabwe; realizar pruebas y tratamientos para todos los niños de la ciudad; la rehabilitación medioambiental de las zonas contaminadas; tomar medidas de protección y apoyo para los niños afectados; y que haya rendición de cuentas.