El organismo, con sede en Miami, alertó en un posicionamiento de un proceso "que combina acciones judiciales, administrativas y regulatorias" contra la compañía, encargada de dos de los diarios con mayor circulación nacional y que ha acusado al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de represalias por ser una "voz crítica".
La situación "ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad", según la SIP, tras una denuncia penal por presunta asociación ilícita contra directivos de Granasa que presentó el liquidador de la empresa Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio, ante una disputa por el control del 40 % de las acciones de la compañía.
El Grupo Granasa ha denunciado un "escenario complejo para la libertad de expresión", donde las instituciones del Estado, según afirma, están usándose como "herramientas de presión política", y medios críticos han enfrentado investigaciones por supuestos delitos financieros que no prosperaron.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió de que "el uso del sistema penal y de los organismos de control para dirimir disputas que involucran a medios de comunicación genera un efecto inhibidor profundamente dañino para la libertad de prensa".
"Este tipo de acciones no solo afecta a una empresa, sino que envía un mensaje de intimidación a todo el ecosistema informativo", indicó Manigault.
Los hechos ocurren después de que Granasa denunció en enero que el Gobierno de Noboa "usa todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar" a la compañía "con el único propósito de someter a una de las pocas voces críticas a su gestión que existen en Ecuador".
Ante las crecientes acciones, Expreso y Extra denunciaron el fin de semana pasado nuevos presuntos intentos de hostigamiento del Gobierno de Noboa, en respuesta a su línea editorial crítica, por lo que su portada de la edición dominical estuvo en blanco, mayoritariamente.
"A algunos les gustaría que esta fuera nuestra portada: en blanco. Sin noticias. Sin preguntas. Sin verdades. No va a pasar. Solo la verdad nos mueve", rezaba la portada.
En este contexto, la SIP urgió a las autoridades ecuatorianas evitar "el uso de figuras penales ambiguas o desproporcionadas que puedan derivar en la criminalización del ejercicio periodístico o en la intervención indebida de medios de comunicación".