Consultado por el diario La República, Ricardo Acuña cambió su versión al declarar que ni él ni sus compañeros venían de movilizar bloques de cocaína cuando fueron acribillados por los militares, conforme señaló en una primera declaración recogida de manera manuscrita ante autoridades peruanas.
La masacre ocurrió en la madrugada del sábado en la provincia de Tayacaja, en la céntrica región andina de Huancavelica, que se encuentro dentro del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la mayor cuenca cocalera del país, donde las mafias del narcotráfico operan junto al último remanente del grupo subversivo Sendero Luminoso.
En la zona descrita, una patrulla militar que realizaba un operativo antidrogas atacó un vehículo que se dirigía hacia el pueblo de Colcabamba, al argumentar que supuestamente desobedeció la orden de detenerse y sus ocupantes comenzaron a disparar contra las fuerzas del orden.
Sin embargo, no se ha reportado ningún militar herido y en el vehículo donde viajaban las víctimas no se han encontrado ni drogas ni armas.
Acuña, que saltó del vehículo al comenzar el ataque y se escondió en un río cercano hasta que amaneció, declaró inicialmente a la Policía que él y sus compañeros venían de trabajar como "mochileros", término con el que se conoce a las personas que transportan bloques de cocaína en mochilas de un punto a otro en el Vraem, una amplia zona de selva montañosa y complicada orografía.
El sobreviviente relató que se escondió al pensar que el ataque era protagonizado por ladrones y se entregó en el momento que vio a los militares.
"Me sentí seguro, por eso me entregué a ellos. En esos momentos fui amenazado y obligado para hablar esas cosas, porque no han encontrado nada en el carro. Nosotros no hemos trasportado ni droga, ni armas, por eso motivo los militares me han amenazado con arma, diciéndome: ‘Te vamos a disparar, te vamos a meter bala’. Nosotros somos inocentes", dijo Acuña.
Las familias de las víctimas niegan que estuvieran implicados en narcotráfico y aducen que regresaban de jugar un partido de fútbol.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) exigió el pasado lunes una investigación inmediata, independiente y diligente sobre lo ocurrido y que se ejecuten sanciones efectivas para todos los responsables.