Los integrantes de plataformas ciudadanas, asociaciones cívicas, comerciantes, mineros y grupos religiosos, entre otros, se concentraron en la histórica plaza San Francisco, en el centro de La Paz, para celebrar un "cabildo" o asamblea ciudadana, para aprobar resoluciones que serán presentadas al Gobierno.
Estos grupos se congregaron bajo la consigna de "trabajo sí, bloqueo no" y pidieron a gritos un "estado de excepción".
El pronunciamiento final, leído por el presidente del Comité Multisectorial de La Paz, Leonel Cóndor Huayra, estuvo antecedido por varios oradores que cuestionaron los bloqueos como método de protesta y criticaron a los líderes sindicales que alientan las manifestaciones contra el Gobierno de Paz.
La proclama pidió que se declare el estado de excepción y exigió la renuncia de "malos dirigentes", como el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, la ejecución de la orden de captura contra el expresidente Morales (2006-2019) y la dimisión del vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno.
El presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas, Luis Aruquipa, anunció que presentó un recurso de acción popular para que Paz aplique el estado de excepción en las zonas de mayor conflicto.
También hubo una manifestación similar en la ciudad sureña de Sucre, la capital constitucional y sede del poder Judicial, donde distintos sectores pidieron al Gobierno solucionar "de manera inmediata y definitiva" el conflicto, "utilizando todos los mecanismos legales" a su alcance, como el estado de excepción.
Paz firmó el lunes la ley de Regulación de Estados de Excepción para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas, si bien la promulgación no implica la vigencia automática de esa medida porque hace falta un decreto que, además, debe ser validado por el Legislativo.
El Gobierno culpó de la violencia en las protestas a Morales y además lo señaló de supuestamente financiarlas con dinero ilícito del "narcotráfico", algo que el exmandatario ha negado.
Las protestas y bloqueos de carreteras comenzaron a principios de mayo impulsados por sindicatos campesinos del altiplano y la COB, a los que se sumaron sectores afines a Morales, para exigir la renuncia de Paz, dejando desabastecidas de alimentos, combustibles e insumos médicos a varias ciudades.
Los conflictos han dejado hasta el momento al menos diez fallecidos, incluidas siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna por los cortes de rutas, y pérdidas económicas por más de 2.340 millones de dólares.