Dinero fresco y trabajo: metas de la ley que impone un tasa a empresas de papel en Panamá

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Ciudad de Panamá, 17 jun (EFE).- La inversión extranjera directa en Panamá rondaba el 10 % del producto interno bruto en el 2019 pero ahora es el 2 %. Recuperar esos fondos, valiosos en una economía dolarizada como la panameña es, junto con la generación de empleo, la meta de la ley que impone una tasa del 15 % a las empresas de fuente extranjera que no demuestren su actividad económica en el país.

"En Panamá siempre se ha hablado de las sociedades de papel, esas sociedades que en otras partes del mundo se conocen como 'offshore'", explicó a EFE el diputado independiente Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) cuando fue discutida y aprobada la llamada Ley de Sustancia Económica, en mayo pasado.

Con la nueva legislación, "esas empresas están llamadas a producir plazas de empleo: al menos contar con una oficina, con algún tipo de personal y gastos en la República de Panamá para poder" demostrar sustancia económica, afirmó el diputado e integrante de la coalición de independientes Vamos.

De no hacerlo, se exponen al cobro de una tasa del 15 % sobre la renta bruta generada en Panamá, como establece la legislación, que fue presentada al Parlamento por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y aprobada por unanimidad por los diputados, algo que no ocurría hacía décadas, como destacó el diputado.

Panamá es una economía dolarizada, por lo que carece de banco central y no imprime su dinero. Su régimen tributario es territorial, es decir, que el Estado solo grava los ingresos o actividades económicas generados dentro de sus fronteras geográficas.

En este sentido, la norma de sustancia económica impide una práctica en la que "de otra manera, incurren muchas veces" estas empresas de papel y que "llamamos la doble no tributación, no tributas ni en la Unión Europea ni tampoco tributas en la República de Panamá".

Y ese es otro gran objetivo de la ley: sacar a Panamá de la lista de la Unión Europea (UE) de jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria, la última relativa a ese bloque en la que permanece el país centroamericano.

"Si logramos salir de las listas estaríamos efectivamente trayendo mayor inversión de este tipo de empresas (multinacionales) de capital europeo al país. Yo creo que el beneficio directo para la población es principalmente las plazas de empleo, el desarrollo económico", afirmó Gaitán.

Según recalcó el diputado, la inversión extranjera directa (IED) representaba alrededor del 10 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá en el 2019, año en el que el país volvió a ser incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero actualmente se sitúa en torno del 2 %.

Estas son cifras "que nos revelan que Panamá tuvo una caída muy, muy significativa en el tema de inyección de dinero fresco. Como Panamá no imprime su moneda, dependemos de esa inyección del exterior (...) esta caída de la inversión extranjera se siente en la calle, el mismo movimiento económico se siente lento", agregó.

Por lo anterior, estos ajustes derivados de la ley de sustancia económica "eran tan importantes".

Panamá salió en octubre de 2023, por segunda vez en menos de una década, de la lista gris del GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Y en julio de 2025 salió de la lista gris de la Unión Europea (UE).

Tras el escándalo conocido como 'Papales de Panamá', la filtración masiva de documentos del extinto bufete panameño Mossak Fonseca que desveló la presunto ocultación de riqueza de personalidades de todo el mundo para evadir impuestos, el país centroamericano ha endurecido las regulaciones bancarias y financieras a fin de acabar con la mala fama de "paraíso fiscal".