La Fiscalía General del Estado informó de que se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra siete personas procesadas por el Ministerio Público por el asesinato de Villavicencio, ocurrido en 2023.
Sin embargo, posteriormente el juez suspendió la audiencia "para analizar los pedidos de nulidad de las defensas de los procesados y la solicitud de exclusión de una acusación particular presentada por las hijas" de Villavicencio.
"Las nuevas fechas y hora se notificarán oportunamente", dijo la Fiscalía.
Tamia y Amanda Villavicencio pidieron excluir como acusadora particular a Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, porque supuestamente ha mantenido contactos con María Paula Christiansen, pareja de José Serrano, exministro correísta, investigado en el caso.
Además de Serrano, en el caso son investigados tres líderes de la banda criminal Los Lobos, así como los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y el exasambleísta del correísmo y excabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga.
Villavicencio fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin a pocos días de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, un crimen por el que fueron condenados a prisión cinco personas como autores materiales; mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el magnicidio.
A inicios de junio, un expolicía ecuatoriano aseguró que agentes y altos mandos policiales ya sabían que se perpetraría el atentado, según declaraciones recogidas entonces por el diario El Universo tras una diligencia.
"Ha proporcionado información de que servidores policiales de una unidad investigativa de Antinarcóticos ya estaban realizando seguimientos y tenían escuchas de esta estructura criminal que iba a atentar en contra" de Villavicencio, dijo entonces Edwin Romero, abogado de la familia del político.
Según el letrado, el expolicía señaló que existe "un informe en el que constan los nombres de los generales y de los coroneles que tuvieron conocimiento de que se iba a dar este atentado".
Sin embargo, además de Romero, otros abogados de los involucrados en la causa y las hijas de Villavicencio contaron después de esa diligencia algunos detalles de lo que supuestamente dijo el oficial, identificado como Rodney Rengel, quien es investigado en otro caso por presunta difusión de información de circulación restringida.
Rengel también habría asegurado que tuvo reuniones con miembros del correísmo en las que "se armaban narrativas" alrededor del caso para instalar la idea de que el proceso había sido un montaje, según Amanda Villavicencio, hija del político.
En esas reuniones virtuales habrían estado el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y Aleaga, según aseguró Renato Montero, abogado de Salcedo, condenado en otro caso por corrupción. Correa ha aceptado que mantuvo contacto virtual con Rengel, pero no por el caso de Villavicencio, según ha dicho.
La organización Fundamedios denunció a inicios de mes que la hijas de Villavicencio recibieron varias amenazas en "un contexto de reiterados mensajes intimidatorios y hostigamiento contra familiares, abogados e investigadores vinculados al caso".
Detalló que la amenaza fue enviada a través de una aplicación de mensajería instantánea desde un número desconocido con prefijo colombiano.
El mensajero, que se presentó como supuesta "fuente" de su padre, dentro de una cárcel, afirmaba que existen planes de atentar contra la vida de Tamia y Amanda Villavicencio por las constantes denuncias que han hecho dentro de la búsqueda de justicia a la muerte de su padre.