"Todas las inversiones realizadas por Jingye están debidamente documentadas y serán reclamadas en su totalidad, sin ceder un ápice", señaló la compañía en un comunicado, en el que anunció que ya ha iniciado consultas conforme al acuerdo bilateral de inversión, aunque se reserva "todos sus derechos legales", incluido el arbitraje internacional.
Jingye también exigirá responsabilidad legal a los funcionarios británicos y directivos de British Steel implicados, al considerar que el Gobierno británico tomó el control "de forma precipitada" y sin plan de gestión, causando pérdidas tanto a los contribuyentes como a la propia empresa.
La transferencia a propiedad pública de British Steel se produjo después de que este miércoles recibiera sanción real la Ley de Nacionalización de la Industria del Acero, que reconoce el interés estratégico de este sector para el Reino Unido.
La compañía china sostuvo que la siderúrgica estaba "al borde de la quiebra" cuando la adquirió en 2020, y que invirtió a lo largo de cinco años "enormes sumas de capital", manteniendo operaciones y miles de empleos.
"La parte británica hizo caso omiso de la inversión continua y la enorme contribución de Jingye, y solo está dispuesta a ofrecer una compensación prácticamente nula", denunció.
El Gobierno chino ya respondió a la nacionalización por medio, por ejemplo, del Ministerio de Exteriores, que este sábado afirmó que Pekín "hará lo necesario para proteger sus derechos" e instó al Reino Unido a buscar una solución de compensación "aceptable para ambas partes".
Cuando el Gobierno británico anunció este jueves la nacionalización de British Steel, constató que el acero "desempeña un papel esencial en la economía británica", al respaldar grandes proyectos de construcción, redes de transporte, infraestructuras energéticas y la defensa.
Por ello, al no alcanzar un acuerdo con Jingye "beneficioso para el contribuyente", el Ejecutivo decidió nacionalizar British Steel, en la que ya intervino con apoyo financiero en abril de 2025 para mantener en funcionamiento los altos hornos y evitar un cierre abrupto.
La medida, aplaudida por los sindicatos británicos, se enmarca en un plan más amplio de respaldo al sector siderúrgico, con una estrategia aprobada en marzo que fijó el objetivo de que hasta el 50 % del acero utilizado en el Reino Unido sea producido en el país.
Tras el anuncio, el primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que "British Steel forma parte del tejido" de la nación y es "un pilar de la industria británica", y sostuvo que la decisión "garantiza el futuro de la producción de acero en el Reino Unido, protege empleos cualificados y preserva una capacidad nacional vital".