La Comisión parlamentaria para las Autorizaciones, encargada de decidir si permite un procedimiento penal contra un legislador o un ministro, ha rechazado la petición de la Fiscalía de Roma para tener acceso a una serie de chats del diputado de FdI y ex subsecretario de Justicia Andrea Delmastro.
Los fiscales querían obtener las conversaciones para continuar una investigación que llevan a cabo contra Mauro Caroccia, un empresario actualmente condenado por delitos mafiosos y con cuya hija Delmastro poseía un restaurante en Roma.
El diputado ha sido uno de los más estrechos colaboradores de la primera ministra, e incluso ejerció como su abogado personal, pero el escándalo de Caroccia le obligó a dimitir el pasado marzo de su cargo de subsecretario del Ministerio de Justicia.
Este miércoles la mayoría de derechas que controla el Parlamento ha negado a las autoridades judiciales acceder a las conversaciones entre Delmastro y Caroccia, lo que suscitó momentos de gran tensión en el pleno del Senado.
El senador del opositor Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luca Pirondini, ha reaccionado a gritos desde su escaño tachando la decisión de "vergonzosa", sobre todo después de conmemorar al juez Paolo Borsellino, asesinado por la mafia siciliana hace 34 años.
"No podemos honrar a Borsellino y negar a la Fiscalía el acceso al chat entre un exsubsecretario y abogado de la primera ministra y una persona vinculada a la Camorra (...) Este Gobierno está ayudando a la mafia y no podemos seguir como si nada", clamó.
En ese momento, los senadores del M5S abandonaron su bancada y se lanzaron a ocupar los escaños reservados a los miembros del Ejecutivo, hoy vacíos, mostrando desde ese lugar carteles en los que se leía 'Fuori le chat' (Entreguen los chat).
Esto suscitó algunos empujones con los trabajadores de la Cámara Alta, que trataban en vano de impedir la ocupación, y la presidenta de turno de la sede, Mariolina Castellone, se vio obligada a suspender la sesión.
El líder del M5S, Giuseppe Conte, ha cuestionado después al Gobierno por su negativa a entregar las conversaciones: "¿Qué temen? ¿Qué tienen que esconder? ¿Han sido capaces de obstaculizar unas investigaciones que involucran a un clan mafioso?", se preguntó.
Las críticas también han llegado desde otras formaciones opositoras como el Partido Demócrata (PD), cuyo representante ante la Comisión de Autorizaciones, Matteo Orfini, ve en la acción del Gobierno "una deliberada injerencia para perjudicar a los fiscales".