El denominado 'súper RIGI', según los firmantes, implicará "la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera".
La misiva está dirigida a los miembros del Senado, que por estos días analiza en comisiones en proyecto de ley impulsado por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei y que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados.
El RIGI fue creado en 2024, por iniciativa del Gobierno de Milei, y busca promover iniciativas de gran envergadura en sectores clave como la minería y el de hidrocarburos.
El monto mínimo de inversión varía entre 200 y 600 millones de dólares, dependiendo del sector.
Al ser admitidos al RIGI, los proyectos tienen acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.
El 'súper RIGI' que se debate ahora en el Parlamento comprenderá a proyectos de inversión para sectores productivos que aún no tienen presencia significativa en Argentina, como productos laminados de cobre, baterías de litio, automóviles eléctricos, la cadena de valor del uranio y los centros de datos y de inteligencia artificial (IA), entre otros.
En su carta, los académicos y científicos sostiene que la cesión de competencias de regulación en sectores estratégicos podría limitar la capacidad futura del Estado para definir políticas públicas.
También advierten de los efectos del 'súper RIGI' en combinación con los del proyecto de ley sobre sociedades, también impulsado por el Gobierno y que, entre otras cosas, reconoce la personalidad jurídica a entidades operadas íntegramente por IA.
Según los expertos, ambas iniciativas podrían configurar un marco legal que otorgue amplios privilegios a grandes empresas tecnológicas sin mecanismos suficientes de control democrático ni responsabilidades claramente definidas.
El documento también advierten sobre el impacto ambiental potencial de estas inversiones al señalar que las infraestructuras de gran escala vinculadas a la IA demandan elevados niveles de consumo de energía eléctrica y agua.
La misiva fue firmada por docentes, investigadores y miembros de una treintena de universidades de todo el país, además de integrantes de organismos científicos y de investigación.