En un comunicado difundido este miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación salió así en defensa del CPI tras estas sanciones que se enmarcan en la ofensiva del Ejecutivo de Donald Trump para desmantelar este tribunal.
"Estas sanciones constituyen un ataque flagrante contra la independencia, integridad e imparcialidad de la Corte Penal Internacional, cuyo mandato viene derivado del mandato otorgado por los Estados miembros del Estatuto de Roma", denunció.
El gobierno de Estados Unidos emitió sanciones que entraron en vigor ayer contra la presidenta de la CPI por su papel dentro de las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes cometidos por personal estadounidense en Afganistán y por las actuaciones contra dirigentes israelíes, además de por las órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant.
Washington sostiene que la corte es un tribunal “corrupto y profundamente politizado”, que “se ha extralimitado en su mandato” y que ataca la soberanía de Estados Unidos y de sus aliados.
El departamento que dirige José Manuel Albares defendió, no obstante, que la CPI desempeña una "función indispensable" para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la protección y reparación de las víctimas.
Por ello, reiteró su respaldo "firme e inequívoco" a la institución, y su plena solidaridad con los jueces, fiscales y al conjunto del personal de la Corte afectados por las sanciones.