La ANP informó en un comunicado que la iniciativa legislativa ha sido presentada por el diputado Aldo Bravo y propone penalizar "la denominada 'apología al delito agravado' durante situaciones de crisis y/o conflictos sociales".
"Tal como está formulada, la iniciativa genera graves riesgos para la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo, al emplear conceptos amplios como 'justificar', 'legitimar' o 'generar un riesgo', cuya interpretación podría terminar alcanzando expresiones y contenidos periodísticos protegidos", remarcó la ANP.
El gremio enfatizó que "informar sobre hechos violentos no equivale a promoverlos" y consideró "preocupante que la propuesta considere como agravante el uso de medios de comunicación y plataformas digitales y mencione expresamente a comunicadores, líderes de opinión y personas con capacidad de convocatoria pública".
Por su parte, el abogado del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereira, advirtió que esta propuesta puede atentar contra la libertad de expresión y criminalizar el trabajo periodístico de ser aprobada.
"En primer lugar, diría que es un proyecto innecesario, porque todo aquello que dice que pretende sancionar ya tiene una cobertura legal en el Código Penal", sostuvo antes de calificar al planteamiento de "desastroso", ya que "introduce una serie de terminologías técnicamente deficiente".
"Concibe al uso de los medios de comunicación como una fuente de peligro de comisión delictiva", remarcó para luego señalar que también "agrava conductas porque se use una plataforma digital", un término que no tiene una definición en la legislación penal peruana, y por que la persona tenga "capacidad de convocatoria pública".
Pereira remarcó que el proyecto comprende una seria de "términos absolutamente vagos, sin definición, ambiguos, que se prestan a la arbitrariedad".
A su turno, el diputado Bravo defendió su proyecto de ley al señalar en el Canal N de televisión que busca sancionar a "cualquier persona que llame o incite a la violencia" y que "no le ve ningún peligro y más bien una claridad".
Bravo reconoció que el Código Penal peruano ya sanciona la instigación a la violencia y dijo su intención es incorporar "un agravante de que ningún periodista, ninguna persona o ningún líder político puede instigar la comisión de un delito".
"Este proyecto pasará a la comisión correspondiente para su debate, y luego al pleno, y si es que se aprueba irá al Senado", remarcó antes de indicar que la iniciativa ha sido firmada por diez representantes de la bancada de Renovación Popular, el partido que lidera el excandidato presidencial Rafael López Aliaga.