En una carta enviada a la sede del tribunal en La Haya, la ONG advirtió que la creciente tensión y el uso sistemático de violencia podrían crear “un terreno fértil para violaciones generalizadas de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica y, en las peores circunstancias, genocidio”.
“El empeoramiento del entorno político ha venido acompañado de un aumento de las violaciones de los derechos humanos, intolerancia política, ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos, invasiones de lugares de culto, feminicidios, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia policial y ejecuciones extrajudiciales”, indicó el organismo en el documento.
Según la nota, firmada por el director ejecutivo de la entidad, Hussein Khalid, desde las protestas juveniles de 2024 y 2025 se ha consolidado el despliegue organizado de pandillas armadas con la intención de amedrentar a opositores, manifestantes pacíficos, activistas y periodistas en múltiples condados del país.
También denuncian la inacción de las agencias de seguridad frente a estas bandas y la falta de intervención por parte de instituciones estatales encargadas de prevenir la violencia y el delito electoral, entre ellas la Comisión Nacional de Cohesión e Integración (NCIC) y la Comisión Independiente de Electorado y Límites (IEBC).
“Estas instituciones parecen inútiles e impotentes en un momento en que se requiere urgentemente su independencia, valentía y eficacia”, sostuvo la misiva, que alertó sobre la proliferación de discursos de odio y caracterización étnica por parte de líderes políticos sin que existan consecuencias judiciales o sanciones tangibles.
Ante este panorama, Vocal Africa instó a la Fiscalía de la CPI a recopilar y preservar información sobre eventuales delitos bajo su jurisdicción en conformidad con el Artículo 15 del Estatuto de Roma para que “entren dentro de la jurisdicción de la Corte”.
Por último exhortaron a la ONU, la Unión Africana y a la comunidad internacional a desplegar observadores electorales a largo plazo de forma preventiva, ya que “esperar hasta el periodo formal de campaña (...) puede ser demasiado tarde”.
En marzo pasado, Amnistía Internacional (AI) informó de que en 2025 se produjeron 125 muertes en Kenia a manos de la Policía y seis casos de desapariciones forzadas, en un contexto marcado por el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones.
Los abusos de las fuerzas de seguridad han reavivado la tensión ciudadana de cara a las elecciones generales del 10 de agosto de 2027, en un escenario donde los periodos electorales han derivado con frecuencia en episodios de violencia.