La propuesta 'Nicaragua: Transición ordenada desde la dictadura hacia la democracia', elaborada por un grupo de organizaciones opositoras y puesta a consideración de otras organizaciones, al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional, plantea una transición de 24 meses y una Asamblea Constituyente de 60 miembros.
La hoja de ruta contempla una junta de transición para que Nicaragua recupere la institucionalidad y la democracia, derogar la Constitución Política, la liberación de presos políticos, el retorno seguro de los exiliados y desterrados, y la celebración de elecciones libres dentro de 24 meses.
En el documento, los opositores proponen una transición ordenada, pacífica y sin violencia, orientada a desmontar las estructuras autoritarias y restablecer la democracia en Nicaragua, garantizando la estabilidad política y social, la continuidad económica, la seguridad jurídica, y el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil.
La transición contempla el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y las libertades para todos los nicaragüenses incluyendo la liberación de presos políticos, restitución de los derechos políticos, civiles y patrimoniales de las personas afectadas por el Ejecutivo sandinista, entre ellos a los nicaragüenses desnacionalizados.
Ese proceso, según la propuesta, se estructurará alrededor de cuatro componentes principales: una junta o equipo técnico de transición nacional con facultades ejecutivas y legislativas limitadas y temporales; una Asamblea Nacional Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución; reformas legales e institucionales para desmontar las estructuras autoritarias y represivas; y elecciones generales libres, competitivas, transparentes y observadas que permitan la transferencia del poder a autoridades democráticamente electas.
La junta estará integrada por un máximo de siete personas probas, con representantes de la oposición tanto en Nicaragua como en el exilio y de la sociedad civil, incluso nicaragüenses que hayan tenido vínculos o desempeñado funciones dentro del régimen que no estén señalados de violaciones a los derechos humanos.
Entre sus primeras acciones estarán la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de libertades y derechos, la reorganización de las instituciones electorales y judiciales, el desmontaje de las estructuras represivas, y la depuración y reestructuración de los altos mandos del Ejército y la Policía.
La junta impulsará un conjunto de leyes (24 leyes proyectadas) destinadas a derogar las normas represivas y restablecer el Estado de Derecho, entre ellas reformas al Poder Judicial y al sistema electoral, restitución de derechos políticos y de propiedad, desmantelamiento de las estructuras de inteligencia represiva, garantías para el retorno seguro de los exiliados "y la revocación de concesiones territoriales corruptas otorgadas a los socios chinos del régimen".
La junta asumirá temporalmente las funciones de jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, con facultades ejecutivas y legislativas limitadas; derogará la Constitución vigente y establecerá un estatuto de derechos y garantías de los nicaragüenses.
La Asamblea Constituyente, que será electa mediante elección popular a los 180 días de la transición, tendrá como función principal redactar una nueva Constitución basada en los principios de democracia, separación de poderes, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, en un plazo máximo de nueve meses.
Las elecciones deberán realizarse bajo la nueva Constitución, con participación de todos los sectores políticos en igualdad de condiciones y con observación electoral internacional.