"Con la seguridad, los derechos y la plata de la ciudadanía no se juega, por ello el Bloque Democrático presentó una acción de inconstitucionalidad para frenar este atropello a la transparencia, al acceso a la información pública y al control fiscal", indica un comunicado del grupo opositor integrado por el Partido Liberación Nacional (socialdemócrata), el Frente Amplio (izquierda), Coalición Agenda Ciudadana (centro-izquierda) y el Partido Unidad Social Cristiana.
El bloque expresó su rechazo a que "las políticas de Seguridad se administren en la sombra bajo el pretexto de un secreto de Estado fabricado a la medida", por lo cual decidió presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
"Ocultar presupuestos, compras públicas y contrataciones tras el concepto amplio de 'seguridad nacional' deja a la ciudadanía en una grave situación de indefensión frente a decisiones unilaterales, arbitrarias e inconsultas del Gobierno de turno. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan los recursos que todos aportamos y las instituciones responsables de fiscalizarlos deben poder cumplir con su función", indica el comunicado.
El bloque opositor asegura que el decreto supone un "grave exceso interpretativo y vulneración de las garantías constitucionales" y agregó que aunque "existen asuntos de seguridad que deben mantenerse bajo reserva" estos "deben ser excepcionales, proporcionales y justificados".
El pasado 10 de agosto el Gobierno publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto en el que Fernández estableció como secreto de Estado toda la información, documentos y archivos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad y el grupo de trabajo interinstitucional denominado 'Fuerza Élite'.
El decreto abarca además la información relacionada con las capacidades operativas, procedimientos especiales, así como recursos tecnológicos, mecanismos de inteligencia; ofertas, adjudicaciones, financiamientos, contratos y fases de ejecución de los procedimientos de contratación pública.
La presidenta Fernández defendió el decreto el pasado miércoles cuando aseguró que "la información pública relacionada con la seguridad nacional siempre va a ser de acceso libre" y que "lo que no va a ser de acceso libre es la información que pueda poner en riesgo la seguridad nacional".
En la actualidad, Costa Rica sufre elevadas cifras de homicidios vinculadas al narcotráfico, un fenómeno que se ha convertido en el principal problema de seguridad de este país históricamente pacífico y estable, y además han salido a la luz en la prensa informes de inteligencia sobre infiltración del crimen organizado en la Policía.
En su plan de Gobierno la presidenta Fernández, una politóloga conservadora de derecha, prometió mano dura contra la delincuencia e incluyó la posibilidad de impulsar el estado de excepción en zonas "conflictivas" si la situación de seguridad empeora.