"La entidad tuvo conocimiento de que las autoridades investigan conductas presuntamente atribuibles al Defensor Regional de Ocaña, razón por la cual el funcionario presentó su renuncia al cargo", señaló la Defensoría en un comunicado.
La entidad agregó: "La renuncia permite preservar la confianza institucional y que la acción judicial se desarrolle sin ningún tipo de interferencia. Para tal fin, brindaremos toda la colaboración que nos sea requerida por las autoridades".
Según Noticias RCN, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra el funcionario tras una denuncia de que desde la Defensoría Regional de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, supuestamente se filtró "información reservada sobre líderes sociales", que "coincide con un mensaje amenazante" atribuido al ELN que fue recibido en febrero de 2025 por un defensor de derechos humanos.
La información periodística añade que la amenaza, supuestamente del Frente de Guerra Nororiental del ELN, "contenía detalles precisos de su labor humanitaria y jurídica, datos que —según el denunciante— solo conocían en tiempo real la Defensoría y el Ejército Nacional".
Pallares Baene respondió que el denunciante es una persona que ha revelado supuestas amenazas del ELN y que la Defensoría siempre ha estado atenta a darle la protección necesaria.
"Soy transparente y estoy en disposición de presentarme a la Fiscalía para que haga la investigación correspondiente", dijo en una conversación telefónica con EFE, y añadió que su decisión de presentar su renuncia, efectiva a partir del próximo 25 de agosto, ya la había tomado para no estar inhabilitado para competir en las elecciones municipales y regionales de octubre de 2027.
El funcionario se refirió además a cuestionamientos a su trabajo como defensor del pueblo por sus vínculos familiares con Amanda Pallares, nombre de pila de alias Silvana Guerrero, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y dijo: "nadie tiene la culpa de tener los primos que tiene".
"Dicen que esa señora tiene 30 años en la guerrilla y yo tengo 40 años de edad, es decir, que cuando se metió al ELN yo tenía solo diez años", afirmó.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo señaló que "ha actuado bajo la convicción de que los vinculas de consanguinidad con personas que han cometido crímenes y causado daños irreparables a la población civil no permiten atribuir a una persona las conductas de sus familiares".
Pallares Baene defendió además su gestión como defensor regional del pueblo en la entrega de personas secuestradas por la guerrilla, que ha sido igualmente cuestionada, y señaló que todas las misiones humanitarias en las que ha participado fueron avaladas por sus superiores y siempre estuvo acompañado por otro funcionario de la Defensoría, delegados de la iglesia católica y de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Finalmente, recordó que fue él quien proyectó en noviembre de 2024 la Alerta Temprana 026 en la que la Defensoría del Pueblo advirtió de la inminencia de una guerra por el control territorial en la región del Catatumbo entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC, que comenzó en enero de 2025 y dejó más de un centenar de muertos y más de 60.000 campesinos desplazados.
"En esa alerta se pidieron medidas para frenar esa guerra pero las instituciones poco hicieron, mientras que nosotros, como Defensoría, nos encargamos de sacar a la gente de la zona de combates y buscarles refugio", manifestó.