El juez John W. deGravelles, del Distrito Medio de Luisiana, es el responsable del caso de Ibrahim Mohammed, un etíope de 44 años residente en Maryland al que la Justicia estadounidense prohíbe deportar a Etiopía porque allí podría ser torturado.
El magistrado declaró en desacato al antiguo director interino de la oficina del ICE en Baltimore (Maryland), Vernon Liggins, quien ordenó detenerlo el 28 de julio, la tercera vez en poco más de un año.
Ese mismo día, en una audiencia urgente, los abogados del Gobierno admitieron que se habían violado las órdenes del tribunal y el juez exigió su liberación inmediata.
Mohammed entró legalmente a Estados Unidos en 2014, obtuvo asilo y en 2016 se convirtió en residente permanente.
Un año después, un tribunal de Maryland lo condenó a 21 años de prisión por abuso sexual de un menor, de los que debía cumplir 10, y salió tras seis por buena conducta.
En 2023, un juez de inmigración ordenó su expulsión por esos antecedentes, aunque le reconoció protección frente a una deportación a Etiopía por su origen amhara y por haber participado en protestas políticas.
Como el ICE no logró enviarlo a ningún tercer país, lo liberó bajo supervisión en noviembre de 2024, después de 23 meses de detención migratoria y tras concluir la propia agencia que no era una persona violenta ni un peligro para la sociedad, según recogen las resoluciones del juez.
El ICE le revocó esa libertad supervisada en julio de 2025 y lo mantuvo en el módulo migratorio conocido como 'Camp 57', dentro de la penitenciaría estatal de Luisiana, la única prisión de máxima seguridad del estado, hasta que deGravelles ordenó liberarlo el pasado febrero.
Mohammed fue arrestado de nuevo y trasladado a otra prisión en Maryland por incumplir su libertad vigilada, y estuvo a punto de ser deportado a Esuatini, en el sur de África, antes de que un juez frenara su expulsión por la falta de transparencia del ICE con respecto a su caso.